POSADAS. Después de invernar años en una esquina recóndita del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ese Alto Cuerpo decidió reactivar la causa que trascendió a la opinión pública con el nombre de “Megaestafa”, que enajenada de tecnicismos consistió en la conformación de una “asociación ilícita” destinada a apoderarse de los depósitos judiciales del fuero Civil y Comercial, en una maniobra multimillonaria que, entre otras cosas, motivó la renuncia de una jueza, sindicada en el auto de procesamiento como cerebro de la organización.Según estimaciones formuladas en su momento, la operación se tradujo en la desaparición de una suma cercana a los seis millones de pesos.La investigación se inició el 29 de septiembre de 2003 y se transformó en el peor escándalo en la historia del Poder Judicial de la provincia de Misiones.La maniobra consistió en la extracción de fondos depositados en cuentas del Poder Judicial con constancias firmadas, de puño y letra, por la entonces jueza del Juzgado Civil y Comercial Nº 1, Graciela Candelaria Salvado de Sotelo, quien debió renunciar al cargado salpicada de pies a cabeza por el cúmulo de pruebas en su contra.Sotelo fue procesada por el delito de “asociación ilícita”, al igual que su entonces jefa de Despacho, Nora Castelli, el hermano de esta Cayetano “Nani” Castelli, y los abogados Paula Espinosa y Guillermo Abdón Fernández.Todos y cada uno de ellos con distintos grados de responsabilidad en la maniobra.Otras seis personas terminaron procesadas por delitos menores, como estafas y fraude a la administración pública. Justamente, ahora se supo que fueron sobreseídas por prescripción de la acción penal.Lo curioso y grave es que el voluminoso expediente, distribuido en 24 cuerpos de 200 fojas cada uno, permaneció siete años en el STJ con una planteo de apartamiento presentado contra el camarista Martín Errecaborde. El Alto Cuerpo recién pareció caer en cuenta cuando el abogado de un imputado presentó el pedido de prescripción de la causa.Entonces -siete años después- confirmó la continuidad de Errecaborde en el expediente y remitió las actuaciones al Tribunal Penal 1 para siga adelante con la pesquisa.Ahora este órgano deberá decidir si confirma o no la elevación de la causa a debate oral y público. Todo indica que sucederá lo primero. De ser así, la causa volverá al Juzgado de Instrucción 2, ahora a cargo del juez César Yaya, para que sea elevada definitivamente a juicio oral y público. Solo en lo que respecta a los acusados de conformar una “asociación ilícita”.De darse este circuito, el caso será debatido en el Tribunal Penal 2 de Posadas.Una vez cumplida esta instancia, el TP 2 deberá realizar la citación a juicio, acción que interrumpe los plazos de prescripción, de acuerdo a los antiguos lineamientos procesales.De todas maneras, en el hipotético caso de que los acusados sean condenados, es poco probable que vayan a prisión. Los bemoles de una Justicia polémica. El Tribunal que resolverá el embrolloEl Tribunal que analizará la apelación al auto de elevación a juicio de los supuestos integrantes de la “asociación ilícita” estará conformado por el camarista Martín Errecaborde, secundado en un principio por el juez de Menores César Raúl Jiménez y un segundo magistrado subrogante.En un principio se habló de Marcela Leiva, aunque resulta poco probable porque era secretaria del juez José Luis Rey, quien investigó el caso y procesó a los imputados.Según datos a los que PRIMERA EDICIÓN pudo acceder, la decisión se conocería en la primera quincena de agosto.La causa marcha contrarreloj. La figura básica de “asociación ilícita” contempla un mínimo de tres años de prisión y un máximo de diez. Por esta razón es muy difícil que los responsables de esta maniobra vayan a la cárcel.
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