POSADAS. Luego de la rebelión de los adjudicatarios, que obligó a retroceder los aumentos arbitrarios en las cuotas, el Iprodha sale a contrarrestar con una medida que podría echar más leña a fuego: contratará a una consultora para que realice un censo habitacional de todas las viviendas construidas, la gestión extrajudicial de deudas de cuotas impagas y otros créditos (mejor vivir, plan techo, etc) y detección de todas las “irregularidades habitacionales” para regularizarlas.El organismo convocó a licitación pública Nº 64/13 y pagará millones de pesos a la empresa que se adjudique el trabajo. El lunes 24 se abrieron los sobres con las ofertas.Fuentes del organismo confiaron que “tiene más posibilidades” una empresa que ya está vinculada al gobierno y que habría realizado algunos trabajos similares para Rentas. Los pliegos para participar de la licitación costaron $ 30.000El organismo necesita por todos los medios incrementar su recaudación. Por eso venía aplicando dos aumentos anuales de entre 10 y 30% cada uno. Explican desde el Iprodha que la Nación en los últimos años redujo en envío de recursos económicos y se tuvo que echar mano al bolsillo de los adjudicatarios para no bajar demasiado la actividad de la construcción.Igualmente el nivel bajó. Hasta el 2007 se inauguraban barrios de 300 viviendas en promedio, sin embargo, en el último lustro, la mayoría de las inauguraciones no superaban las 50 casas.Con los arbitrarios aumentos se compensó un poco la necesidad de recursos; pero alteró los ánimos de los adjudicatarios que explotaron este año cortando la ruta y manifestándose en varias ciudades, principalmente Garupá.Ante la dura postura de los vecinos, el presidente del organismo cedió, y retrajo una pequeña parte de los últimos aumentos a las cuotas mayores de 300 pesos. Pero ahora contraataca con esta maniobra, que podría renovar el malhumor vecinal.La intención del organismo sería censar toda la provincia, denunciar las casas que no estén ocupadas, intimar las deudas por viviendas y créditos, y también incluiría otras irregularidades que podrían ser el mayor motivo de la polémica, ya que las construcciones, refacciones o ampliaciones que no hayan sido autorizadas por el Instituto podrían considerarse irregularidades.En tanto, la semana pasada volvieron a realizarse algunas reuniones entre adjudicatarios de viviendas de Garupá y hubo algunas llamadas para realizar reuniones con referentes barriales de Posadas, debido a que en las boletas que llegaron en los últimos días del mes de junio se volvieron a registrar incrementos.Desde abril el organismo redujo casi el 50% el valor de las cuotas, al mes siguiente se registró un incrementó de casi un 20%; y ahora, con la boleta de junio, nuevamente se observa otro incremento que lleva los valores muy cerca de los máximos registrados en febrero, que desataron la bronca popular.“Se hizo esto porque teníamos una disparidad muy grande entre las viviendas entregadas y el costo de las nuevas que hay que construir para la gente que no tiene casa”, justificó el gerente general del Iprodha, Juan Carlos Descotte.El argumento del organismo es que los precios de los materiales de construcción y el costo salarial se incrementa todos los años, y que para seguir construyendo viviendas, el valor de las cuotas debe perseguir el mismo porcentaje del aumento de la construcción.Sin embargo, los referentes de la protesta afirman que las casas ya entregadas están totalmente saldadas con fondos nacionales y provinciales.
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