ELDORADO. La situación en la Unidad Penal III era caótica, sin control. No sólo se permitía el ingreso de drogas, armas blancas, celulares y hasta de prostitutas en horarios fuera de visitas, sino que se comercializaba la mercadería destinada a los presos hacia el exterior de la prisión.Testigos de la maniobra habrían señalado la denominación comercial de los dos supermercados, asentados en Eldorado, que adquirían las sustancias alimenticias -perecederas y no perecederas- que debían ir a paliar las necesidades de la población carcelaria.Al parecer, se acopiaba gran parte de la partida mensual, que salía de Posadas con destino a Eldorado, con la disminución en la cantidad de alimentos en cada comida y el remanente era comercializado al exterior.Aparentemente, uno de los reclusos alojados en la prisión, condenado recientemente por abuso sexual, es propietario de un supermercado en la Capital del Trabajo y se habría encargado de acordar la compra de la mercadería clandestina.Con esa maniobra, el hombre se aseguraba la protección especial de las autoridades carcelarias para que no le sucediera nada dentro de la cárcel. Porque puertas adentro se sabe bien qué sucede con un condenado por delitos de índole sexual. Y peor aún con aquellos que fueron sentenciados por violar o abusar de niños.Lo cierto -o al menos eso intentará determinar la Justicia- es que el dinero de la venta iba directamente a los bolsillos de las autoridades y del personal subalterno que colaboraba en el circuito de corrupción.Ya estallado el escándalo, los directivos fueron removidos de sus cargos y trasladados al Instituto de Formación Superior Penitenciaria (Infosip).Lo curioso de todo fue que el ex director habría presentado certificado médico y no se presentó a trabajar en el establecimiento educativo.Optó por quedarse en la ciudad de Eldorado, donde al parecer está radicado. Al menos un testigo habría dicho que no deja de visitar la UP III, donde presionaría al personal subalterno para que no declare en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción 2 de Eldorado, a cargo del juez subrogante Juan Pablo Fernández Rissi.Ni bien recibió la denuncia en la fiscalía de ese juzgado, el magistrado dispuso el allanamiento de la cárcel.Allí las autoridades judiciales realizaron una inspección ocular y un croquis de la ubicación de los pabellones y otros detalles.El objetivo era cotejar esos datos con los aportados por los testigos en la causa.En un principio, los altos mandos penitenciarios podrían ser imputados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque podría agravarse si se comprueba que con su accionar influyeron en la comisión de otros delitos.Asimismo, la Justicia también trabaja en la denuncia que habría presentado un testigo respecto de las amenazas de muerte que habría recibido en su celular, concluyó la fuente consultada. Investigación interna que no trascendióFuentes del Servicio Penitenciario Provincial indicaron que la cúpula removida de la Unidad Penal III tenía antecedentes poco claros en su legajo de trabajo.Había sido investigada por su paso y actuación en la Unidad Penal de Loreto, donde se la vinculó con la misteriosa desaparición de unos 55 mil pesos de la cuenta Sueldos de los internos.Al parecer, los implicados habrían sido obligados a devolver el dinero y se vieron forzados a sacar un préstamo personal para cubrir el agujero.Así, la causa habría pasado inadvertida, al menos para la opinión pública.Lo insólito de todo fue que esos mismos directivos penitenciarios fueron “premiados” con el traslado a la UP III, considerada la de mayor seguridad y prestigio de la provincia. Así también terminó todo: en un escándalo.
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