PUENTE ALTO Y LA COLORADA, San Pedro. A dos semanas de haberse consumado el más violento desalojo en la historia democrática de la provincia, las más de cien familias damnificadas siguen viviendo en carpas a la vera de la ruta provincial 17 y el Estado provincial y nacional aún no han planteado una solución concreta. El jueves pasado más de veinte organizaciones sociales de la provincia y también partidos políticos se acercaron al lugar del corte para brindar su apoyo y en asamblea decidieron que endurecerán las medidas de fuerza en distintos puntos si no hay una respuesta de parte del Estado provincial para dar una solución a estas familias que lo único que piden es tierra para trabajar. “No queremos planes sociales, queremos tierra para producir, nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, pero que nos den tierras que podamos comenzar a pagar para que sean nuestras”, dijo el miércoles pasado uno de los colonos afectados que visitó este diario después de la reunión que mantuvieron con el jefe de ministros de provincia y el subsecretario de Tierra, quienes no le dieron ninguna solución. PRIMERA EDICIÓN estuvo presente a lo largo de estos catorce días junto a las familias en la ruta y fue el único medio provincial que informó sobre lo sucedido, a través de un completo registro fotográfico y el testimonio directo de los protagonistas, poniendo en conocimiento de sus lectores la realidad de este inhumano desalojo.A partir del conocimiento de este vergonzoso episodio, diferentes organizaciones y partidos políticos de la provincia se fueron congregando en la ruta provincial 17 y el viernes pasado publicaron un comunicado conjunto elevando un fuerte y concreto reclamo hacia las autoridades, anticipando también una medida de fuerza, en caso de no haber solución, para este viernes. Esta conjunción, basada en la solidaridad hacia las familias y el repudio al accionar gubernamental es un hecho histórico que se produce a partir de la gravedad de lo sucedido, generando un estado donde, dejando diferencias políticas, ideológicas o prácticas de lado, todos coinciden en que permitir este atropello a los derechos más básicos sentaría un negativo precedente en la historia de la provincia.También ha cobrado fuerte difusión a través de las redes sociales y se cuentan por miles las manifestaciones de solidaridad y repudio y desde allí algunas fundaciones y abogados han ofrecido su colaboración y ayuda humanitaria, incluso en pocos días estaría llegando una delegación desde Buenos Aires para tal fin.Modelo de provinciaAlgunos de los referentes sociales y políticos que estuvieron en el corte y participaron de la asamblea del jueves pasado dieron su opinión y plantearon también su problemática, porque lo sucedido a estas familias de San Pedro forma parte de otras tantas injusticias y falta de repuestas a reclamos al Estado provincial. Uno de los que asistió al corte fue Rubén Ortiz, del MPL, y expresó que “el educador no sólo enseña y aprende en el aula sino también en estos conflictos, donde toma conciencia de las necesidades del pueblo. Estas son las madres de las peleas, nosotros vivimos en una sociedad con una fuerte estructura rural y si no se pelea por la tierra se van las familias, se cierran las aulas, se produce un éxodo hacia los cordones urbanos y dependemos del asistencialismo. Acá se han avasallado derechos humanos básicos y como sociedad no podemos permitirlo, creo que esto es un ensayo y nosotros, los pobres, somos los conejitos de indias”. Por su parte, Víctor Kreimer, diputado por el partido Trabajo y Progreso e integrante de la Subcomisión de Tierras presente en el corte, afirmó: “La situación que afecta a los vecinos de La Colorada y Puente Alto pone nuevamente a la vista un problema serio, de solución compleja, puesto que contrapone el derecho de propiedad del titular de las tierras, en este caso una empresa, con la necesidad de las familias campesinas a tener un lugar donde vivir y trabajar. Hablo de vivir y trabajar porque, claro está, en la problemática de la tierra rural, la chacra no solamente es el lugar donde residen estas familias, sino que también es en la mayor parte de los casos su único medio de vida, puesto que sus escasos ingresos económicos están originados en la agricultura familiar. Sin embargo, y más allá de que el problema de la tierra es el problema “de fondo”, no se puede obviar una cuestión de gravedad extrema, que es la manera en que se ha maltratado y reprimido a los vecinos que se manifestaban, luego de ser desalojados, pidiendo solución al problema”.
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