PUENTE ALTO Y LA COLORADA, San Pedro. Carlos Alvez Amaral tiene 54 años, diez hijos y pesa apenas 45 kilos. Su porte es típico de los hombres desgastados por la dura vida del agricultor expuesto al inclemente sol misionero: la espalda encorvada, la piel curtida y la delgadez extrema hacen que a simple vista parezca mucho mayor. El pasado lunes 8 de abril don Carlos terminó con dos costillas rotas y el tabique nasal desecho por las certeras trompadas y patadas que recibió en una comisaría de la localidad misionera de San Pedro. Amaral es uno de los 13 detenidos tras un violento desalojo de campesinos que habitaban dos parajes conocidos como Virgencita y la Colorada, ambos de la localidad de Pozo Azul, en una zona rural, fronteriza y poco accesible ubicada a 234 kilómetros de la capital misionera.El desalojo compulsivo de más de 100 familias fue ordenado por el Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente, en el marco de una causa iniciada por la empresa Colonizadora Misionera SA, propietaria de más de 29 mil hectáreas en la zona donde se ubican los dos parajes mencionados. Más de 200 personas (entre ellos decenas de niños) ya llevan una semana varadas en precarias carpas al costado de la ruta provincial 17 sin asistencia de ningún tipo, pese a que cortan la ruta intermitentemente en reclamo de una respuesta oficial. Quedaron literalmente sin nada, porque el operativo policial no sólo incluyó la expulsión de las tierras, sino también la quema de sus viviendas. Las familias tuvieron que rescatar algunas pocas pertenencias que encontraron tiradas a los costados de las “picadas”, tal el nombre de los serpenteantes caminos de tierra colorada que no alcanzan la categoría de calles. Además, los efectivos soltaron a sus animales y destruyeron herramientas de labranza. Esta historia comenzó hace meses, cuando el poderoso equipo de abogados de Colonizadora Misionera SA aceleró judicialmente su reclamo ante el juez Demetrio Antonio Cuenca. La empresa tiene dos frentes de conflicto: por un lado le discute a la Provincia el valor de las 19 mil hectáreas expropiadas por el gobierno mediante la Ley de Arraigo y Colonización, por lo que las familias que viven en estos predios todavía no accedieron a sus títulos de propiedad pese a que la expropiación data del año 2004. Por el otro, inició la demanda de desalojo de las diez mil hectáreas restantes que el Gobierno provincial no incluyó en los planes de regularización de la tenencia. Hace un mes, y ante los trascendidos del inminente desalojo, la desesperación de las familias -que habitan los lotes desde hace diez años en promedio- se tradujo en una mesa de negociación en la que tomó intervención directa el gobierno provincial para mediar entre la empresa y los damnificados con el fin de aplazar la ejecución hasta tanto se reubicara a todos “en forma ordenada” en otras tierras aptas para el cultivo y la crianza de animales. Pero este acuerdo no se cumplió, el Gobierno no buscó tales alternativas y la orden de desalojo llegó sorpresivamente, tanto como el operativo policial que incluyó a más de 200 efectivos de la Infantería, el Grupo de Operaciones Especiales y agentes de todas las Unidades Regionales de la zona, fuertemente armados y dotados de cascos y escudos. Tristeza sin fin Las familias asentadas en las tierras de La Colorada y Virgencita son argentinas, pese a que el cerco informativo del Gobierno provincial pretendió hacerlas aparecer como “usurpadores brasileños” en una obvia referencia despectiva al movimiento de los sin tierra de Brasil. Nada más alejado de la realidad. “Somos argentinos, queremos trabajar la tierra y teníamos todo lo que necesitábamos. No le pedimos nada al gobierno, solo que respeten nuestro derecho a la propiedad del lugar que habitamos hace tanto tiempo”, refiere en perfecto portuñol una de las agricultoras apostadas junto a sus hijos a la vera de la ruta bajo una carpa de hule negro. Es que en la zona fronteriza de Misiones, el portuñol es el idioma oficial, mezcla lógica de español y portugués sustentada en la cercanía con el Brasil que invade culturalmente con sus radios y canales de televisión, en contraste con los inexistentes servicios argentinos, al punto que ni siquiera hay señal de celulares en estos parajes. Los despojados, según contaron ellos mismos, se asentaron pacíficamente en las tierras que reclama Colonizadora Misionera SA en la última década, la mayoría provenientes de otros municipios como Bernardo de Irigoyen, El Soberbio y otros puntos de San Pedro. En la provincia que se ubica novena en el ranking nacional de densidad poblacional y que duplicó la cantidad de habitantes en los últimos 30 años, el fenómeno es casi natural, particularmente porque las empresas terratenientes abandonaron durante décadas estas tierras después de haber explotado el monte cuando las regulaciones todavía eran inexistentes, y la gente hizo el proceso inverso, ocupando las hectáreas improductivas para criar allí a sus hijos. En los últimos años estas mismas tierras se revalorizaron por el auge de la promoción forestal. Uno de los abogados de la firma con asiento en Capital Federal se sinceró respecto de los planes de sus clientes en las 10 mil hectáreas en conflicto: “Colonizadora Misionera es una empresa que se dedica a la actividad forestal y estamos con un plan de desarrollo para plantar yerba mate, para incluir ganado en las forestaciones y reforestar, pero no se puede hacer nada donde hay intrusos”.Justicia récordUn párrafo aparte merece la actuación del juez Cuenca, quien ordenó el desalojo compulsivo de los colonos en tiempo récord. Como la medida ordenada era extrema e inédita, en principio hubo resistencia de las autoridades policiales a llevarla a cabo por fuera de la mesa de diálogo entablada para evitar consecuencias sociales negativas. La orden de Cuenca también sobrepasó los alcances de una Ley provincial aprobada a fines de 2012 que suspendió, hasta el 31 de agosto de 2013, las ejecuciones de sentencias que ordenaran el desalojo de inmuebles. La suspensión beneficia a ocupantes y propietarios de vivienda única y familiar, y a los de producción agropecuaria, tanto de predios urbanos como rurales, sean fiscales o privados que acrediten ocho años de posesión, pero como no se realizó un relevamiento en las tierras.
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