BUENOS AIRES (NA-DyN). La presidenta Cristina Kirchner anunció en la Casa Rosada que la “democratización de la Justicia” que impulsa su administración se llevará a cabo a través de “seis leyes” que ingresarán en las próximas horas al Congreso nacional.“Nos debíamos esto. Una parte ingresará por el Senado y la otra Diputados”, informó la mandataria.Entre las normas se encuentra la reforma del Consejo de la Magistratura; la ley de ingreso democrático al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y los defensores; la ley de publicidad de los actos del Poder Judicial; la ley de creación de las cámaras de casación; la ley de publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado; y la ley de regulación de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados.“Estado transparente” La Presidenta destacó la importancia de un Estado “transparente” debido a la existencia de “aquellos sectores” que ejercen “lobby o presión” sobre el “resto de poderes”.“Estamos hablando de cosas cotidianas, cada vez que al Estado argentino le ha ido mal, le ha ido mucho peor a las grandes mayorías”, señaló y agregó que “el Estado no es el gobernante de turno, no es el partido, el Estado son los 40 millones de argentinos”.Durante el acto para anunciar el plan de reforma judicial, la Presidenta criticó que “el Estado no se entera” de las medidas cautelares y aseguró que se “requiere de un Estado transparente” ante la presencia de “aquellos sectores que por su vulnerabilidad o por su incapacidad, hacen lobby o presión sobre resto de poderes”.“Elección universal” de jueces El proyecto enviado al Congreso para reformar al Consejo de la Magistratura contempla un aumento de 13 a 19 de sus integrantes, que serán elegidos junto a las primarias (PASO) para que “el pueblo, a través del sufragio universal, sea el que elija a todos los estamentos de jueces, abogados y académicos”.“La elección será a través de las PASO y se respetará el cargo a todos los que están actualmente”, anticipó la jefa de Estado al anunciar durante un acto en la Casa Rosada los proyectos, según dijo, “para democratizar la justicia”.En ese sentido, la Presidenta afirmó que “se convocará a elecciones para todos los estamentos de jueces, abogados académicos y científicos, dado que restantes integrantes son legisladores que ya están legitimados por el voto popular”.Igualdad de los aspirantes La reforma que propone contemplará “la igualdad en la valoración de antecedentes” para ingresar al Poder Judicial, en tanto los jurados “no podrán” estar integrados por los miembros del Consejo de la Magistratura.Señaló que en los concursos “se garantizará la ecuanimidad” porque “si no tenés un amigo o alguien que te haga entrar, no entrás ni disfrazado de mono (sic)”.“La meritocracia no puede darse a partir del lugar que alguien le dio”, sostuvo la mandataria, quien agregó que debe poder ingresar “todo aquel que sea abogado con matrícula”, en tanto “los miembros y autoridades del Consejo no podrán ser jurados”.Jueces subrogantesLa reforma contempla que “los jueces subrogantes”, a quienes cuestionó porque en muchos casos “toman decisiones sobre medidas cautelares y después se declaran incompetentes”, serán designados en adelante por “el Consejo de la Magistratura”. “Justicia ágil y democrática”La Presidenta afirmó que “no podemos aceptar la violencia, extorsión o presión” y pidió por una justicia “ágil” y “democrática” que “logre un equilibrio” para “toda la sociedad”.Criticó el bloqueo a una “destilería en medio de una crisis monumental” y afirmó que “es importante que las cuestiones se resuelvan cuando está en juego la seguridad”.“No podemos aceptar la violencia, extorsión o presión, no quiero vivir más en una sociedad de violencia”.Además, dijo que el proyecto busca “regular” la aplicación de “medidas cautelares contra el Estado y entes descentralizados” y que apunta a “preservar el derecho del Estado a defenderse” y “ser oído” ante planteos de intereses económicos privados”.“La norma regulatoria que enviará al Congreso plantea que sean aplicables para el Estado “sólo en los supuestos en que se ponga en juego la vida, la salud o el carácter alimentario de una persona” y “no puede superar los seis meses para dictado de la medida de fondo”.
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