POSADAS. Una empleada con diez años de carrera en Superintendencia de Riesgos de Trabajo de Posadas, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, fue despedida sin causa aparente luego de un par de discusiones con sus compañeros; la mayoría integrantes de la agrupación política La Cámpora.El abogado defensor presentó una medida cautelar pidiendo que se suspenda el despido totalmente arbitrario; el juez Federal aceptó y la reintegró hace dos semanas, pero los abogados de la Superintendencia apelaron esta medida y volvieron a dejarla fuera de su trabajo, a pesar de tener un chico de cuatro años en pleno tratamiento por autismo.La historia es de Celia Caballero, quien fue despedida a finales del año pasado, junto a otra compañera; las dos creen que fue por no militar en la agrupación oficialista, que se hace llamar la “nueva” política, pero con actitudes que dejarían mucho que desear.En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el abogado Mauricio Vergara indicó que “es una situación de absoluta arbitrariedad porque fue despedida sin causas probadas, no tuvo derecho a defensa, para la Superintendencia es una empleada privada a pesar de que ella es una trabajadora pública con diez años de carrera. La dejaron sin fondo de desempleo y sin ningún tipo de cobertura”.“Ante esto presentamos un amparo que fue otorgado por el juez hace dos semanas, pero ahora, con celeridad absoluta, la Superintendencia apeló y salió la medida a favor de ellos, suspendiendo nuevamente el derecho laboral de mi defendida. Lo más arbitrario es que cualquier apelación no puede suspender las cautelares cuando son efectivas; quiere decir que acá hay un desmanejo normativo muy grande por eso hoy (por ayer) presentamos un escrito denunciando este desmanejo normativo y que esta medida quede sin efecto hasta que se resuelva la cuestión de fondo”, indicó.Persecución y discriminación“Considero que estamos atravesando una situación de discriminación, persecución y ensañamiento; y lo peor de todo es que nunca supe por qué motivo”, declaró Celia Caballero a PRIMERA EDICIÓN. En los pocos días que se reintegró en marzo se encontró con que la nueva encargada es Rocío Pacheco, una joven de Alem que es prima de “El Misio” Gustavo Cáceres, un influyente dirigente de La Cámpora a nivel nacional y funcionario del Ministerio del Interior de la Nación.Pacheco le ordenó a Caballero que no hablara con nadie, que no use el baño, la heladera ni el teléfono y que solamente debía quedarse sentada en un pequeño escritorio, en la entrada de la oficina, anotando papeles a mano escrita. Esa fue su tarea en los pocos días que se reintegró. Luego el juez aceptó la apelación de los abogados camporistas y volvió a situación de despido. Lo más insólito de la historia es lo que Caballero descubrió en enero, cuando viajó a Buenos Aires para revisar el expediente de su despido y corroborar los motivos.“En enero viajé a Buenos Aires a ver las causas de mi despido. Vi la investigación y es una locura, porque Pacheco declaró que yo me robaba bidones de agua, que le robaba comida de la heladera y que le gritaba boliviana delante de toda la gente, por el color de piel que tiene. Por otra parte, la señora Klekailo (esposa del líder de La Cámpora en Misiones, Ariel Morales) declaró que yo practico umbanda, que le dejé sal en el escritorio y que la amenazaba con enviarle a mi hermana, que hace seis años está muerta, a molestarle a su casa en sus sueños”, contó indignada Caballero.Agregó que “yo jamás tuve derecho a defensa, jamás me corrieron vista del expediente y lo peor de todo es que no hay ninguna prueba de lo que dijeron. El reglamento de la Superintendencia permite denunciar irregularidades a cualquier empleado, pero luego se tiene que comprobar con una investigación; acá no hubo nada de eso”.“Estamos en una situación de total vulnerabilidad porque alguien dice algo y te despiden del trabajo, a pesar de que no hay pruebas, esto le puede pasar a cualquiera, con diez años de carrera como yo o sin experiencia; es una injusticia total”, se quejó Caballero.
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