POSADAS. Los diputados provinciales Claudio Wipplinger y Víctor Kreimer (bancada de Trabajo y Progreso) propusieron, mediante un proyecto de ley, que todas las unidades, independientemente del sistema de cobro adoptado para los servicios (monedas, billetes, cospeles, tarjetas magnéticas, tarjeta de débito/crédito, etc.) “deberán contar con una máquina expendedora de boletos que ha de adecuarse a las exigencias legales y fiscales de la AFIP respecto a las condiciones de registración fiscal. Expresamente se establece la utilización obligatoria de ‘Controlador Fiscal’, tal lo determinado en la resolución general 1.415 y sus modificaciones”.Se aclara además que los controladores fiscales “deberán contar con ‘Memoria Fiscal’, de forma tal que los organismos de control fiscal puedan, sin previo aviso, realizar las auditorías pertinentes y necesarias para asegurar la total transparencia respecto a la facturación por la utilización del servicio”.Y, finalmente, en el artículo 4 se propone: “Todas las unidades de transporte, a efectos de posibilitar un mejor control fiscal y operativo por parte de los organismos responsables, deberán contar con un “Libro Único de Registro de Movimientos” adecuado a las determinaciones de la AFIP, en el que se asentará el número de serie y de punto de venta del controlador fiscal instalado; dominio y número de interno de la unidad. Deberán registrarse en tal instrumento los recorridos y horarios de operación asignada, las interrupciones, retiros del servicio y cambios de línea, entre otros datos”.La medida no solo regiría para el área metropolitana, donde la provincia, con los intendentes, viene autorizando boletazos cada seis meses, en base a datos que declara el grupo a cargo de la concesión, sin contralor del Estado. De sancionarse en el parlamento misionero, la ley alcanzará a todas las empresas nacionales, provinciales y/o municipales que se dediquen “al transporte público de pasajeros urbano, metropolitano y/o internacional que estén radicadas dentro de la provincia o que presten servicios dentro de Misiones”, indica el texto propuesto por los diputados Wipplinger y Kreimer.Falta transparenciaEn los fundamentos del proyecto, los legisladores afirmaron que “la instrumentación de las medidas propuestas se torna evidentemente necesaria a raíz de la falta de transparencia y fiabilidad en los datos utilizados para calcular los costos a cubrir por los usuarios del servicio de transporte urbano y suburbano de pasajeros”.Agregaron que “actualmente en nuestra provincia se trabaja, a efectos de calcular las tarifas y otorgar subsidios a las empresas, asumiendo a ciegas la veracidad en el número de usuarios declarado por las mismas, pero no se cuenta con un mecanismo que brinde fiabilidad a dichos números y asegure la transparencia necesaria para poder realizar adecuadamente los cálculos”.Agregaron Wipplinger y Kreimer que “esta ley posibilitará el inmediato blanqueo de la situación real del servicio en cada punto de nuestra provincia, permitiendo al Ejecutivo trabajar sobre datos sólidos que darán sustento, por ejemplo, a mejoras en los criterios relacionados con la distribución de subsidios, aplicándolos con mayor énfasis en las localidades donde realmente son más requeridos para proteger las economías familiares. No es razonable que se subsidie más al servicio que, por su propia escala, es más rentable”.El número de usuarios es el parámetro más importante para poder determinar el valor de boleto que se necesita recaudar por cada pasajero, “puesto que de este valor surge el IPK (índice de pasajeros transportados por kilómetro recorrido), y hay sobrados indicios respecto a la falta de veracidad en los números hoy utilizados”, dijeron.El caso del Grupo ZPara los diputados “existen enormes divergencias entre los números declarados por los prestatarios del Sistema Integrado de Transporte en el área de Posadas, Garupá y Candelaria, utilizados por la Subsecretaría de Transportes de la provincia para sus cálculos, con los valores estándar empleados por el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación para los servicios urbano y suburbano, incluso hay trabajos de campo cuyos resultados indican que la venta real de pasajes triplica lo declarado por los empresarios”.Finalmente, afirmaron que “se torna imprescindible asegurar un sistema que otorgue respaldo técnico y transparencia a los análisis que permiten definir el valor del boleto más adecuado en cada una de sus categorías, teniendo en cuenta la posibilidad de decidir políticamente qué porción de los costos cubrirá el Estado con subsidios, pero asegurando las herramientas necesarias para la correcta toma de decisiones y resguardando de esta forma la economía de las familias misioneras”.
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