Comenzó el juicio por delitos de lesa humanidad del “Plan Cóndor”

BUENOS AIRES (NA). El accionar represivo coordinado de las dictaduras sudamericanas de las décadas del 70 y 80, que se conoció como Plan Cóndor, comenzó a ser juzgado por un Tribunal Oral Federal porteño, con los ex jerarcas del régimen Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone sentados en el banquillo de los acusados.Además, se encuentran implicados en este juicio jefes de zonas y subzonas en las que se dividió el país para la represión antisubversiva, excepto el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, cuya situación deberá resolverse en los próximos días, ya que está siendo juzgado simultáneamente en Córdoba por los crímenes en La Perla.En este juicio, cuya duración se estima de dos años, se ventilarán 106 casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor, a los que se suman otros 65 ocurridos en el Centro Clandestino de Detención (CCD) Automotores Orletti, que funcionó en el Bajo Flores, donde 48 de las víctimas fueron de nacionalidad uruguaya.Entre las personas secuestradas se cuentan la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia Irureta Goyena, quien fue llevada a Montevideo en un operativo conjunto de militares de ambos países y asesinada luego de dar a luz a su hija Macarena.Por estos hechos se encuentra también acusado el ex coronel uruguayo Manuel Cordero, quien fue extraditado desde Brasil, ya que Uruguay no considera delitos de lesa humanidad los cometidos por los militares en ese país.En este juicio se encuentran imputados Jorge Rafael Videla, Santiago Omar Riveros, Eduardo Samuel de Lío, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Antonio Vañek, Carlos Horacio Tragant, Luciano Benjamín Menéndez, Bernardo José Menéndez, Jorge Carlos Olivera Rovere, Eugenio Guañabens Perelló, Carlos Miguel Landoni y otras catorce personas.   Acusaciones En su mayoría, las víctimas son de distintas nacionalidades del subcontinente, entre ellos chilenos, bolivianos, paraguayos y peruanos, además de argentinos. La abogada querellante Alcira Ríos y el fiscal federal Miguel Ángel Osorio, quien tuvo a su cargo la instrucción de la causa, coincidieron en que durante el juicio “se va a demostrar la existencia de una asociación ilícita” que tuvo a su cargo la ejecución del plan.En la aplicación del plan, los organismos de inteligencia coordinados se encargaban de la implementación “del mismo dispositivo de aniquilamiento” de opositores de izquierda que ejecutaban en cada uno de los países, aseguró Osorio.