POSADAS. El problema de la tenencia de la tierra es uno de los grandes males que junto a la pobreza y el desempleo aquejan a grandes grupos de la población argentina. En Misiones, la problemática alcanza a unas 15 mil familias, unas 70 mil personas según cálculos no oficiales. Poco más de cinco mil grupos familiares están radicadas en villas y asentamientos en la Capital provincial, principalmente Posadas y Garupá; y el resto repartido en las zonas menos pobladas del norte y noroeste provincial.La situación es igual de grave en Posadas como en el interior, donde las familias se han asentado sobre parcelas privadas y fiscales, han construido e integrado comunidad, pero que ven dificultades para su progreso económico y social por su situación de tenencia irregular.Los datos de relevamientos oficiales indican que sólo en áreas rurales del interior hay afectadas alrededor de 250 mil hectáreas de tierras fiscales y otras 150 mil privadas en conflicto.El Estado, en el año 2004, sancionó la ley de Arraigo y Colonización, que delimitó un área de expropiación y el inicio a un proceso de regulación de unas 80 mil hectáreas, muchas de estas áreas están todavía inmersas en un proceso judicial. Otras ya tuvieron un desenlace positivo.Sin embargo, con el estallido esta semana del conflicto en Puente Alto, cerca de Pozo Azul, donde unas 20 familias fueron intimadas a desalojar una propiedad privada, resurgieron los reclamos de las entidades que asesoran y acompañan a los habitantes que ocupan propiedades privadas.Juanita González, referente del Movimiento Campesino de Misiones (Mocami), dijo sin titubeos que “este año la lucha se va a intensificar porque hay muchos focos de conflictos, pequeños y grandes, y vamos a resistir para defender el derecho a la tierra”.“Hace años que venimos luchando por la tierra y no se ha avanzado. Ha intervenido el Estado pero no lo suficiente como para solucionar los problemas. El tema central es la decisión política, que no vimos que haya habido en todos los problemas. No hubo ningún apoyo profundo del gobierno para solucionar la vida de los colonos, los precios de la materia prima, fortalecer las organizaciones, no vimos nada de eso”, aseguró.Sobre el actual conflicto en Puente Alto, la dirigente señaló que “desde 2004, hace casi 10 años, la provincia tiene la Ley de expropiación, el Ejecutivo lo tiene en sus manos para ejecutarlo y hasta hoy no hizo nada. Los productores vamos a seguir luchando porque creemos que los derechos se consiguen luchando. Vamos a intensificar la lucha por la tierra, por el agua, las semillas, precio de los productos, vamos a intensificar porque no hay decisión política”.Luego aseguró que el gobierno nacional está más abierto al diálogo en ese sentido pero en la provincia la situación “está difícil”.González continuó: “El estado nos da la sensación que no termina por definir qué papel juega, si sólo mira desde la vereda o si interviene. Nosotros no queremos un Estado que acerque las partes, sino que intervenga, decida, lleve adelante las soluciones”.La dirigente opinó que hay “cerca de 20 mil familias de pequeños productores con problemas de tenencia irregular de tierras en toda la provincia” y consideró que los conflictos seguirán apareciendo porque “el Estado tarda demasiado en ejecutar la ley. Aparecen supuestos dueños que piden desalojar y no se define si la tierra corresponde o no a los productores, cuánta tierra, cuáles son los límites; mientras esto no se defina los conflictos continuarán y nosotros vamos a seguir luchando”.“Cuando la tierra queda firme en manos de los productores le mejora la calidad de vida; se animan más a procurar, criar animales, mejorar la producción, muchos tienen miedo de que en cualquier momento los sacan y no plantan”, finalizó Juanita González, referente del Mocami y también integrante de la Mesa Ejecutiva del Foro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar Misiones.Por su parte, Darío Araujo, del Movimiento Sin Tierra de Puerto Libertad, indicó que “hubo mucho diálogo con la provincia durante los últimos años pero los problemas no se solucionaron. Nunca hubo soluciones concretas para este sector de la población”.“A las permanentes amenazas de desalojo que tenemos en la Zona Norte, ahora se suman nuevos actores que quieren quedarse con la tierra para proyectos turísticos desde que el Gobierno anunció que hará un emprendimiento en el Lago Uruguaí”, explicó Araujo.El dirigente profundizó la explicación al señalar que “la mayoría de los nuevos conflictos que están surgiendo vienen de la mano de nuevos actores, cercanos a la política algunos, atraídos por el complejo, que vienen a comprar las tierras y quieren sacar a la gente que vive hace muchos años ahí”.“Hasta hubo conversaciones con el Iprodha porque en el Paraje San Isidro vinieron a decirle a los productores que abandonen la chacra y el Iprodha les iba a construir un barrio de viviendas cerca de la ruta. Es algo descabellado porque la gente vive de la agricultura familiar, porque no hay trabajo. Toda la mano de obra desocupada se volcó a la producción que vende en la feria franca o en la calle. Si le sacan la tierra le dan casa en la ruta no tienen que comer ni donde trabajar”, enfatizó Araujo.Sobre la función del Estado opinó que “el programa de inserción es una pequeña migaja de ayuda que no alcanza. En el tema central de tierras no hubo ni hay solución. Nosotros planteamos expropiación y propiedad asociativa como alternativa. La propiedad asociativa no permite que el productor después le venda la tierra a las grandes empresas, porque a veces queda sin plata y se le enferma algún hijo entonces las empresas aprovechan y le compran”. Por último Araujo opinó al igual que González al indicar que “los municipios y la provincia han hecho muy poco para solucionar el problema, sin embargo la Nación se ha sentado a discutir con los foros de agricultura familiar”.
Discussion about this post