POSADAS. Finalmente, la asignación de pensiones graciables a víctimas de abuso sexual, de hasta 18 años, es una realidad, amén de que aún resta mucho por hacer y el número de casos registró un aumento escalofriante en los últimos años, según las estadísticas de juicios orales y abreviados que se desarrollaron en los distintos tribunales penales de la provincia.En el último mes, a instancias o requerimiento de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se han otorgado cuatro pensiones graciables.Otras treinta solicitudes aguardan respuesta inmediata en la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, dependiente del Ministerio de Gobierno de la provincia, el órgano de aplicación de la Ley XIX Nº 51 y su modificatoria de julio de 2012 ((Ley XIX Nº 55).El beneficio asciende al 70% del salario Mínimo, Vital y Móvil, que actualmente es de 2.810 pesos. Es decir, cada víctima percibirá por este concepto 1.967 pesos. La pensión tiene carácter de individual. Si en el seno de un grupo familiar hay dos víctimas, cada una percibirá la cifra consignada con anterioridad.Fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN indicaron que el objetivo y sentido de la Ley es “brindar contención económica y social a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual: y a su grupo familiar conviviente, hasta que estos alcancen la mayoría de edad (18 años)”, indicaron.La misma especie agregó que “la finalidad de la Ley, acerca de brindar contención económica y social, guarda estrecha relación con que, en la mayoría de los casos, lamentablemente, los abusos sexuales provienen del jefe de hogar del propio grupo familiar. Este, por lo general, contribuye significativamente al sostenimiento económico de esa familia. Esta circunstancia imposibilita la efectiva presentación de la denuncia penal o policial ante el caso de abuso perpetrado contra el niño, niña o adolescente, debido a la dependencia económica de todos los demás miembros, respecto de los ingresos del abusador, por más mínimos que fueran”. Quizás el punto más polémico de los requisitos exigibles para acceder a este beneficio sea la presentación de una fotocopia del auto de procesamiento del imputado en la causa, una resolución que, por distintos motivos, puede demorar meses.En este aspecto, la misma fuente consideró que “esta cuestión del auto de procesamiento merece cierto reproche, sobre todo si consideramos el extenso tiempo que se demora en dictar una resolución, en la mayoría de los casos. En este sentido pensemos que la Cámara Gesell, usada para receptar declaración testimonial a las víctimas menores, se realizan hasta veinte días después de efectuada la denuncia penal”.De igual manera, si bien cuatro pensiones tienen asignadas partidas presupuestarias, no es menos cierto que las presentaciones efectuadas ante el órgano de aplicación que establece la propia Ley, la Subsecretaría de Gobierno y de Relaciones con la Comunidad, alcanzaba las treinta solicitudes.No es un dato menor. La efectividad y celeridad resultan clave en la asistencia a los menores de edad, víctimas de abuso sexual, y a su entorno familiar.No sólo en lo económico y social, también en el acompañamiento psicológico que, en realidad, corresponde a otras áreas del Estado.Las estadísticas demuestran que, en la mayoría de los casos, los autores de delitos sexuales provienen al círculo primario de las víctimas; sean padres o padrastros.También hay infinidad de casos en que los responsables son allegados a la familia, parientes de segunda línea o vecinos.Fuentes judiciales, sobre todo de los tribunales penales donde se juzgan las conductas o responsabilidades de los acusados, aseguraron a este diario que los delitos de mayor crecimiento, en los último cinco años, son los de índole sexual.Y en materia de reincidencia, de acuerdo con estadísticas oficiales, los que más vuelven a prisión son, justamente, los abusadores.En ese sentido, según fuentes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), los de mejor conducta dentro de la cárcel son, precisamente, los autores de delitos sexuales.En materia de asistencia a las víctimas hay un largo camino aún por recorrer. El otorgamiento de pensiones a las víctimas menores constituye un primer paso.Resta la puesta en vigencia de un aparato capaz de brindar tratamiento y seguimiento a las víctimas, sobre todo si son menores de edad.Tal vez sea oportuna la construcción de un gran centro de asistencia profesional y multidisciplinario, con proyección regional, nacional y hasta internacional, en lugar de fastuosas obras que, antes que nada, parecieran destinadas a engrandecer el ego de un gobernante.
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