MONTEVIDEO, Uruguay (AFP-NA). La tensión crecía en Uruguay tras la decisión de la Justicia de declarar inconstitucional una ley de 2011 que consideró imprescriptibles los delitos de la última dictadura (1973-1985), generando un intenso debate entre actores políticos y sociales sobre el futuro de las leyes de derechos humanos.En repudio a la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), organizaciones sociales y el partido de Gobierno, el izquierdista Frente Amplio (FA), convocaron en la tarde de ayer a una concentración frente al organismo, mientras tres ex presidentes uruguayos advirtieron sobre “la preocupante situación institucional” que generó el FA al reaccionar negativamente ante fallos de la Justicia.“Hay una tensión entre algunos poderes del Estado, pero no deja de ser parte del juego democrático”, reconoció a periodistas Raúl Oxandarabat, vocero de la SCJ.“Las decisiones del Poder Judicial están para ser criticadas siempre y cuando se mantenga para esa crítica cierto margen de orden y de respeto en relación a las autoridades”, agregó el vocero, quien admitió que en los últimos días se desplegó “un dispositivo de seguridad” en torno a los ministros de la SCJ.Oxandarabat recordó que una semana atrás, en un hecho “inusitado” para el país, un grupo de manifestantes ocupó la sede de la SCJ en protesta por la decisión tomada por el organismo de trasladar a la órbita civil a una jueza penal a cargo de decenas de casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura.El traslado de la jueza Mariana Mota despertó una gran controversia y legisladores oficialistas convocaron a la Corte Suprema al Parlamento para que explicara el traslado, invitación que fue declinada por el organismo, que indicó que explicará su posición por escrito.Al malestar por el traslado de la magistrada se sumó la declaración de inconstitucionalidad de la ley que había determinado imprescriptibles los delitos de la dictadura, al considerarlos crímenes de lesa humanidad, tras lo cual algunos sectores del FA no descartaron realizar un juicio político a la SCJ.Ayer, Lucía Topolansky, la senadora más votada del oficialismo y esposa del presidente José Mujica, dijo que la resolución de la SCJ perjudica la imagen de Uruguay en el momento en que se estaba transitando “un proceso prolijo para desandar una situación (de violaciones a los DDHH) que ojalá nunca” se hubiera dado.
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