POSADAS. El abogado Ricardo Correa, que representa a los vecinos del barrio Perón de San Ignacio en un juicio de desalojo promovido por el titular de una conocida inmobiliaria posadeña, desmintió la entrega de títulos que anunció el lunes pasado la Municipalidad de esa localidad, que beneficiaría a unos 400 vecinos de los barrios Perón y El Progreso. El representante legal señaló que la comuna no tiene la intención ni está en condiciones de hacer entrega de las escrituras “en tanto no se deje sin efecto el juicio”; sostuvo que “lo que más evidencia la falta de voluntad del intendente es que no se paró el desalojo y ni siquiera quiso reunirse con la gente”. Tras adquirir las tierras, parte de las cuales están incluidas en el litigio judicial, la comuna proyectaría destinarlas a un futuro loteo para viviendas; lo que genera incertidumbre entre los pobladores amenazados de desalojo. Correa dijo a PRIMERA EDICIÓN que el título que se le exhibió a los vecinos el lunes es “una fotocopia de la escritura por la que la Municipalidad adquirió los terrenos” y que, a su juicio, lo que buscaría la Municipalidad sería ganar tiempo “y sembrar la confusión” entre los vecinos, para que desistan de continuar con la defensa de sus derechos. El juicio, que se tramita bajo el expediente 10.834/2011 y la carátula “Daviña Andrés contra Acosta Bernardina y otros, acción de desalojo”, se encuentra radicado en el Juzgado Civil y Comercial 5 de la jueza Alicia Isaza de Zapelli. Según Correa, el operador inmobiliario habría adquirido los terrenos -posteriormente vendidos a la Municipalidad- a una SRL que sería propietaria ausentista de los mismos; en tanto que los vecinos a los que se trata de desalojar por vía judicial serían productores que viven y trabajan en sus tierras desde mucho tiempo. “No son ocupantes, son vecinos que tienen derechos, algunos establecidos hace más de veinte años en el lugar”, precisó Correa; aunque admitió que también hay casos de ocupación. Siempre de acuerdo al relato del defensor de los productores, las tierras sobre la avenida Paraguay y cercanas a la nueva estación de ómnibus tendrían una ubicación central en la ciudad, por lo que no sería de extrañar que hubiera intereses vinculados a la construcción detrás del desalojo.
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