La historia dice que hubo intendentes que juraron defender el bolsillo de los usuarios; un ineficiente Defensor del Pueblo que teatralizó un rechazo; un gobernador que decidió levantar la bandera de los más poderosos; y un grupo empresario sin límites ni escrúpulos que pese a chupar del Estado cuanto subsidio caiga en su saco, siempre va por más. El final, como era de esperarse, fue de terror para el más indefenso: el ciudadano de a pie, que verá reducidos aún más sus ingresos. El boletazo, entonces, se consumó. Y la sensación que queda es de impotencia, indefensión y hartazgo. Aquí quedó en claro que salvo honrosísimas excepciones, la dirigencia política decide hacer la vista gorda (cuando no avalar públicamente los reajustes tarifarios), jugando de esa manera del lado del monopolio.IndefensiónUn alcalde le confió a PRIMERA EDICIÓN: “No nos quedó otra que firmar la aprobación”. Patético y revelador de las presiones que ejerció el Gobierno provincial sobre la Comisión títere que supuestamente maneja todo lo atinente al Servicio Integrado de Transporte Metropolitano. Otro funcionario, de menor rango, pero de importancia en el gabinete de una comuna capitalina, por su parte, vociferó en su momento que un eventual aumento estaría atado a la instalación de las tickeadoras para que se controle cuántos boletos realmente se venden. Pero cuando trascendió la consumación del tarifazo nadie habló de tickeadoras, ni de más refugios para que los usuarios que esperan el micro no se calcinen al sol, no se mueran de frío o no se mojen cuando llueve. Tampoco se dijo nada de las frecuencias. En rigor de verdad, a estas alturas, la población descree que el Gobierno le exija algo al voraz Grupo Zbikoski. Es más, sospecha que apenas pueda, le permitirá otro boletazo.Pero semejante insensibilidad para con los sufridos ciudadanos seguramente tendrá su costo político. Más si se tiene en cuenta el combo al que se sumó el aumento del boleto: una suba en las cuotas del Iprodha y también un cargo fijo en las facturas de Emsa.Hay complejos de viviendas donde se llegó a aplicar un incremento de 215 pesos, el mayor en una década. Y nadie puede jurar que será el único de 2013, pese a que desde el Instituto dejaron trascender la versión de que se decidió un aumento alto de una sola vez y no varios más pequeños en distintas etapas. ¿Alguien le cree?El Iprodha consideró justo, en muchos casos, sacar el 100% del subsidio a los adjudicatarios. ¿Y entonces dónde queda el fin social del organismo? Por lo general, quien tramita una casa del Gobierno lo hace precisamente porque no tiene los medios para hacerlo sin ayuda.Lógica indefendible la del Ejecutivo provincial, que saca subsidios para beneficiarios del Iprodha, obligándolos a una mayor erogación, y defiende, por otra parte, el chorro de fondos estatales para el Grupo Z.A oscurasEn cuanto a Emsa, la ola de calor de la semana desnudó todas sus miserias. Todos los años en los que no se invirtió nada y en los que la caja de la compañía eléctrica sirvió para financiar campañas políticas le vinieron a la mente a los usuarios que debieron abanicarse a la luz de las velas ante la seguidilla de cortes que jaquearon a distintos sectores de la provincia.Las altas temperaturas, claro está, tienen su incidencia. Pero es innegable que la pobre infraestructura para sostener una demanda en aumento es el principal motivo de las constantes interrupciones del servicio. El año pasado, por dar un simple ejemplo, había oficinas de Emsa en el interior que no tenían cables para un arreglo menor. Ni siquiera focos de reposición para el alumbrado público.¿Quién responde ante la pérdida de mercaderías y medicamentos o ante la avería de electrodomésticos u otro tipo de máquinas por los apagones o las letales bajas de tensión? Otra vez la insensibilidad oficial. La luz es un servicio básico y se torna inhumano no prestarlo como corresponde, sobre todo en períodos críticos, como los de mayor calor o frío.El inicio de febrero marca la vuelta a la normalidad de la actividad en todos los rubros. La política no es la excepción. Y el movimiento es todavía mayor si se trata de un año electoral.En ese tren, la promesa de obras hecha por la Nación a los municipios misioneros (y a los de las demás provincias, decreto ad hoc mediante) tiene como contraprestación la defensa irrestricta del modelo, con todo lo que eso implica, incluso el armado de lista de concejales. Ganarán terreno aquellas comunas más proclives a recibir las imposiciones.El Gobierno provincial también, cómo no, deberá pagar su cuota. Y ésta tiene que ver con la fecha de las legislativas. Todo apunta a que la administración nacional no quiere comicios desdoblados; es decir que se voten el mismo día de octubre a legisladores provinciales y nacionales. Un ala de la renovación estaría proclive a hacerlo, mostrando fidelidad con los estrategas cristinistas. El otro, que cada día que pasa mira con cariño a candidatos peronistas alternativos, tiene reparos. Esta semana habrá novedades.CascoteosFronteras adentro de Misiones, el despertar del año político es aún perezoso. Fuera, la puja tiene otros matices, como en Buenos Aires, donde la tensión entre los cristinistas y el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, no tiene disimulo. El propio vicepresidente Amado Boudou lo acusó de “cobardía política” por haber manifestado su intención de que se revise la cantidad de fondos coparticipables que recibe su distrito, pues considera debería percibir más. Scioli redobló la apuesta recordado a Néstor Kirchner, de quien aseguró permitía la pluralidad de opiniones. Nadie lo replicó.El gobernador, se dice, intentará armar listas propias para la Legislatura bonaerense. ¿Lo dejarán? Mucha agua aún correrá bajo el puente hasta que el reloj electoral empiece a correr con sus plazos.Cuando no cascotean a Scioli, las espadas del cristinismo atacan al gobernador cordobés, Juan Manuel de la Sota, o al socialista Antonio Bonfatti, de Santa Fe. Pero el final del receso también marca el momento de enfrentar las tareas pendientes del año anterior. Entonces aparecen los datos preocupantes, como que el Banco Central cerró enero con el nivel más bajo de reservas desde que asumió Cristina: 42.650 millones de dólares, 10.000 millones menos que hace dos años. O que la construcción tuvo en 2012 la mayor caída en una década (3,2%). El Gobierno nacional anunció una suba del 20% del mínimo no imponible del
Impuesto a las Ganancias. El incremento no calmó a los gremios (menos aún a los alineados con Moyano). Incluso se oyó el anuncio de movilizaciones. Pasa que el porcentaje se ubicó lejos del índice de inflación que encuestadoras privadas proyectan para este año. Precisamente el fantasma de la inflación acecha más que nunca. Reflejo de esto es el estancamiento en las negociaciones paritarias del sector docente, donde el Ejecutivo ofreció apenas un 17% y recibió un contundente rechazo. Inflación, esa palabra maldita que el Gobierno quiere evitar, volvió a flotar cuando el FMI sancionó a las estadísticas del Indec por sus “inexactitudes”. Para contrarrestar la moción de censura, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, anunció un nuevo índice para medir la inflación.Las vacaciones definitivamente se acabaron.





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