POSADAS. Una vez más, el Gobierno provincial junto a los intendentes de las ciudades que componen el área metropolitana cedieron a las pretensiones empresarias del monopolio del transporte urbano de pasajeros y autorizaron una suba del 30% en el precio del boleto, en detrimento de los bolsillo de los usuarios. El boletazo se aplicará en dos etapas (como si ello fuera a aminorar el golpe a las economías familiares). La primera regirá desde este sábado a las 0hs llevando el boleto urbano mínimo a $3 (suba del 20%). Y la segunda, desde el 1 de abril, cuando pasará a costar el mismo boleto mínimo a $3,25 (suba del 10%). (Ver cuadro aparte).En una sola vez, el Gobierno autorizó un aumento mayor que los índices de inflación no oficiales de todo 2012 (situados en no más del 25,6%, mientras que el Indec llegó al 10,8%); mayor incluso que lo pretendido en paritarias por la mayoría de los gremios (25%) para todo 2013.Está claro que ni el gobernador Maurice Closs, ni el subsecretario de Transportes de la provincia, Hermes Almirón, ni los intendentes escucharon los reclamos de la sociedad por mayor transparencia en el sistema, pues el nuevo boletazo llegará sin las tickeadoras electrónicas con controlador fiscal homologado por AFIP funcionando. Por ende, los números seguirán siendo dibujados por el Grupo Z y avalados por Closs, Almirón y los tres jefes comunales. Y seguramente adaptados a las apetencias empresarias antes de fin de año para pedir un nuevo boletazo.Enterados de la novedad, las organizaciones sociales y partidos que integran la “Multisectorial contra el Boletazo”, se reunieron en la CTA donde dejaron en claro que “esto no termina acá. El manotazo a los bolsillos de los usuarios no será ahora y en abril. Si no logramos la transparencia necesaria, a partir de agosto seguramente empezará otra vez el ‘circo’ con las mismas mentiras, en el mes de agosto, para conseguir una nueva suba a fin de año”.RepercusionesImpotencia por la falta de espacios donde debatir y exponer las falencias del sistema; bronca por la constante cesión de poder del Estado ante el monopolio; e incertidumbre de los jefes de familia al no saber cómo harán para costear los costos del transporte urbano, fueron los denominadores comunes de los consultados por PRIMERA EDICIÓN, al confirmarse el nuevo boletazo urbano.Viviana González, dirigente de la CCC, aseguró que el nuevo aumento del boleto “es preocupante. Muchas madres no tienen trabajo y deben mandar a sus hijos a la escuela. A veces, lo poco que se gana va para llevar comida a los hogares, con las mercaderías que no paran de aumentar por hay una gran inflación. Además deben vestir a sus hijos y se les termina la plata; y todavía no incluimos el precio del pasaje de colectivo, por eso creo que muchos chicos este año no van a poder ir a la escuela”, advirtió. Para “Vivi”, “esto no va más, el Gobierno es muy insensible a la situación social de los más pobres, de las mamás que buscan changas para el sustento de sus familias. Espero que el Gobierno sea igual de sensible que con Don Casimiro cuando vengan las mujeres que barren, que hacen veredas o empedrados a pedirle un aumento del 30%”.Por su parte, Felipe Mazzacotte, titular de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Misiones, opinó que “el Ejecutivo no escuchó a los usuarios, es insensible, con una política de transportes de total entrega al monopolio Casimiro, no tiene en cuenta los intereses de los más necesitados y de los trabajadores en general. Aplica un proceso retrógrado dentro del sistema capitalista, ya que no existe al menos una competencia y menos un control que brilla por su ausencia. Se creó el Sistema Integrado solamente para un grupo de personas decida en contra de los intereses de los usuarios”.Mazzacotte acotó que “Casimiro hace lo que quiere porque el Gobierno lo permite” y resaltó que “vamos a seguir peleando desde la Multisectorial, porque está demostrado que -como dijo el diputado Wipplinger-, con el boleto a $2,50 la empresa tiene margen de ganancia y ahora resulta que nos cobrarán $3 y seguramente mayores subsidios que salen de la plata del pueblo”.Repudio de empleados de comercioUno de los sectores que más pasajes ocupa por día es el de empleados de comercio, por los horarios desdoblados de trabajo. Desde el Centro de Empleados de Comercio de Posadas (CEC), su secretario gremial, Ricardo Alegre, dijo a este diario que “consideramos una absoluta injusticia esta determinación que surge de un acuerdo Empresarios-Gobierno de incrementar el precio del boleto. Porque somos los que más utilizamos el servicio. En Posadas, hay unos 10.500 empleados de comercio de los cuales -según estudios hechos por nuestra entidad sindical-, unos 3.400 empleados ocupan el servicio”. Según los cálculos del CEC Posadas, “cada trabajador debe tener al menos dinero para comprar unos 104 pasajes al mes (cuatro por día). El que vive en Posadas, debe tener unos $312 únicamente para ir a su trabajo. Pero muchos de esos trabajadores viven en Garupá y Candelaria, donde el boleto será de $4 y $4,50 respectivamente. Por lo cual deberán tener $416 y $468 respectivamente. Eso sin contar un trámite extra, hijos que viajan para estudiar o ir al médico”, advirtió.Para Alegre, hay “una gran contradicción” al subir el boleto 30% pero la negociación salarial sería del 25 al 30%: “Pedimos una recomposición en la apertura de negociación salarial. Porque ese monto que pedimos se basa en la inflación que hubo, sin contar la suba del boleto y de la luz, entre otros”.Docentes contra boletazoDesde Compromiso con las Bases (COBA), agrupación docente de la UDPM, Ricardo Borsini también opinó sobre el nuevo boletazo. “Siento una decepción de la actitud del defensor del Pueblo (Marcelo Vairo), quien manifestó su predisposición a tomar esto como una prioridad. Incluso le planteamos la posibilidad de presentar un recurso de amparo colectivo y nos dijo que no había problemas. Como tampoco una audiencia pública frente al golpe que afecta no solo al bolsillo de los docentes, sino de los trabajadores en general”, contó el dirigente.“Seguimos sosteniendo que no es posible ningún aumento del boleto de colectivos sin la transparentación del sistema. Nuevamente, sin tener en cuenta la opinión de la gente y priorizando las “necesidades” de los empresarios es que se otorga este nuevo aumento en el boleto”.Finalmente, recordó que “en 2011 nos dieron un aumento del 18 al 20% sin poder recuperar las pérdidas por inflación. El año pasado la inflación superó el 25% pero el Gobierno nacional habla de un techo de paritarias del 20%. Por lo tanto seguimos acumulando pérdidas de poder adquisitivo, con aumentos de bo
leto de colectivo, cuotas del Iprodha, luz y otros servicios. Pero los salarios no siguen el mismo ritmo ascendente”. “El aumento no está justificado”El diputado provincial Claudio Wipplinger (partido Trabajo y Progreso) opinó sobre el boletazo consumado. “Ratificamos lo más importante: el aumento no está justificado, porque la empresa cuenta con una excesiva rentabilidad con el valor actual del boleto. Por lo cual, que el Gobernador, como máxima autoridad en esta discusión del transporte urbano metropolitano, avale una suba del 30% por intermedio del subsecretario de Transportes, Almirón (más allá que los intendentes son partícipes), contradice los valores inflacionarios de su gobierno nacional, lo cual es una nueva incoherencia”.Piden intervención de AFIPWipplinger volvió a reclamar a Closs “lo lamentable que resulta avalar estos números que no solo están dibujados, sino que están tan mal dibujados. ¿Por qué lo decimos? Porque con este acuerdo los empresarios ahora vuelven a prometer mejorar el servicio, con lo cual reconocen que cierran los números. Pero, de las mismas cifras que declaran de costo y pasajeros transportados cuando se restan los ingresos, dejan al descubierto un error insostenible por ellos, del cual surge que teóricamente con el ingreso extra por la suba otorgada; supuestamente igual trabajarían perdiendo cada mes unos 10 millones de pesos. Lo que arroja valores que dejan claramente expuesta la falta de realidad en los análisis con los que se justifica este boletazo a la comunidad. Están tan mal dibujados los números que un simple análisis muestra esta incoherencia”, aseguró.“No solo no podrían justificar esos 10 millones de diferencia, sino que siguen teniendo una rentabilidad excesiva. No podemos entender que un gobernador avale una mentira tan grande que arranca con un ‘desfasaje’ dibujado de 10 millones al mes. Estamos frente a una incoherencia suficiente para que la AFIP accione, porque es insustentable y se viene reiterando año tras año en forma sistemática. Con ese dato, la AFIP tendría que accionar por la falta de realidad de los números. Y no se le puede aceptar al dueño de la concesión, que es la provincia -acompañada de los municipios que cedieron sus potestades- avale esos números”, afirmó el diputado provincial.Finalmente, aseguró que “no hay transparencia. Es tan amplia la falta de transparencia que deja en claro por qué el Gobierno no quiere que se instale el sistema de expendio automático con cumplimiento de la registración fiscal de la AFIP. Lo grave es que el Gobernador avale esa falta de transparencia y una mentira que no permite cerrar las cuentas ni siquiera en apariencia”.
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