POSADAS. En los últimos tres años las cuotas de viviendas del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional se han elevado más de 60%, a razón de 20% por año; y pese a esto, el organismo que conduce el ingeniero Santiago Ros construye cada vez menos viviendas.Entre 2008 y 2009, en el primer gobierno de Closs, la política habitacional de la provincia tuvo un giro importante, dando prioridad a otros gastos en detrimento de la construcción de casas para los misioneros.Esta situación se percibe muy fuerte en números ya que se han incrementado de 80 mil a más de 100 mil las familias misioneras que carecen de vivienda propia. De acuerdo a datos oficiales del censo de 2010 el déficit habitacional en esta provincia casi alcanza el 40%.También se confirma en los números del Iprodha: fuentes reservadas del organismo informaron que entre 2003 y 2007 se construyeron más de 15 mil viviendas; en tanto que entre 2008 y 2012, menos de 10 mil nuevas casas. En períodos de tiempo similares cayó 50% el nivel de productividad del organismo.Sin embargo, la asignación presupuestaria que recibe anualmente Ros, a quien se menciona como probable candidato en 2013, no ha decaído. Pero la explicación está en que gran parte de los recursos que antes se utilizaban prioritariamente en viviendas, en los últimos años se han volcado a otras obras como la Cruz de Santa Ana, hospitales, escuelas, entre otras obras que antes eran encaradas por la Dirección de Arquitectura.Esta situación derivó en polémica en las últimas semanas ya que el Iprodha se ha vuelto una caja que el gobernador Closs utiliza para darse algunos gustos, como las reformas en la Casa de Gobierno, declarada patrimonio histórico; y el pretendido faro que intentó construir en Puerto Iguazú por 108 millones pero que debió suspender debido a la fuerte reacción en contra de numerosos intendentes y otros funcionarios que exigían un reparto más equitativo de la “torta” que rebana Santiago Ros, esposo de la ministra del Superior Tribunal de Justicia, María Laura Niveyro.Pero además, el Gobierno nacional ha sido partícipe en la decisión de reducir la construcción de viviendas debido al fuerte recorte que aplicó en los planes federales de viviendas, achicando en forma brutal los fondos que llegaban a la provincia para esta finalidad en los últimos cuatro años.Esta situación ha tenido una repercusión negativa en la contratación de mano de obra: por el año 2006 el organismo hacía mención a unos diez obreros relacionados a sus trabajos; para el año 2010 se había reducido a ocho mil y actualmente apenas superaría la mitad.Aumentos constantesA partir de febrero las boletas sufrirán un nuevo incremento, entre 10% y 30% en el monto que los adjudicatarios pagan mensualmente por las viviendas que ocupan. Estos aumentos comenzaron a ser aplicados desde 2010, cuando el directorio del Iprodha se auto facultó para elevar los montos en base a la inflación de precios de materiales de construcción y los costos laborales.Desde entonces, dos veces por año, a principio de año y en septiembre se vienen aplicando estos aumentos, que totalizan aproximadamente el 20% por año.Por ejemplo, boletas que en 2010 se abonaban 390 pesos a la fecha se incrementaron a 570 y subirían a unos 620 pesos desde el mes próximo. En barrio Terrazas de Itaembé Miní, de 220 pasaron a unos 350 pesos en promedio. La herramienta legal que permite los aumentos es la resolución 116/90, que permite al directorio elevar paulatinamente los costos al ritmo que lleven los índices de materiales de construcción: “Como consecuencia de los distintos incrementos de precios de materiales, fletes y mano de obra (…) resulta necesario establecer una readecuación de precios que posibilite la operatividad del programa citado (Mejor Vivir) tanto en el ámbito urbano como rural de Misiones”, indica el documento. En el mismo sentido, la resolución establece que “todo lo referente a montos de capital y recupero de cuotas, se establecerá a partir de Resoluciones de Directorio de Iprodha que se dictaran a esos efectos”. Esta medida explica los aumentos que se decidieron desde diciembre de 2009 afectando incluso a adjudicatarios con contratos firmados en los cuales se establecía un número definitivo de cuotas “fijas y en pesos”.
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