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Zarpazo inminente

30 diciembre, 2012

La voracidad del monopolio que mueve los hilos del transporte integrado en el área metropolitana de la capital tiene directa relación con la inacción del Gobierno provincial para frenar sus apetencias. Es más, la administración clossista avala su accionar y esto queda clarísimo con posturas como la del subsecretario de Transporte, Hermes Almirón, más preocupado en defender a los empresarios cegados por el dinero que a los bolsillos de los usuarios. En este escenario, el boletazo parece inminente. A menos que el gobernador, tal como le pidieron los diputados del partido Trabajo y Progreso, frene la intentona. ¿Lo hará? A juzgar por los antecedentes hay poco margen para ilusionarse. Lo más probable es que entre gallos y medianoche, como ha ocurrido en los últimos tiempos, se firme el aumento.El discurso de Almirón es tan poco creíble como la teatralización que ensayó esta semana al reunir a los intendentes de distintas localidades para hablar, entre otras cosas, de la tarifa del boleto urbano. Con esa movida se pretendió mostrar que el ajuste tarifario era una cuestión generalizada y no un nuevo zarpazo del Grupo Z. Pero hay gran diferencia en cómo se definen los aumentos en el departamento capital y en el resto de los municipios donde hay servicio de colectivos: en otras comunas es el Concejo Deliberante el ámbito donde se definen  los incrementos; y en Posadas y localidades cercanas, una mesa chica, donde solo el Gobierno y el monopolio imponen y el resto calla y avala. También hay un océano de diferencia en la condición en la que prestan los servicios en el interior y en Posadas. Y, obviamente, hay diferencia de montos de dinero en concepto de subsidios.Tampoco tiene solidez la versión que han hecho correr los empresarios de que sin un nuevo boletazo no podrán pagar los aguinaldos de sus empleados. ¿Por qué creerles? La Nación, la Provincia y el municipio posadeño los han inundado de subsidios durante una década. Nunca dieron a conocer con exactitud cuántos pasajeros trasladan. Y siempre fueron los niños mimados de los gobernantes. Las veces que tuvieron que responder a alguna demanda, fue por presión popular. ¿Ejemplo? recién cuando los discapacitados cortaron el acceso a la terminal del campus pidiendo viajar en mejores condiciones, invirtieron en las rampas especiales. Claro, luego se promocionaron como si fueran la Madre Teresa de Calcuta, ante el aplauso de los mismos funcionarios que mucho tiempo antes debieron haberles exigido que cumplieran con esa infraestructura.¿Cumple el Grupo Z con las frecuencias y los horarios? No. ¿Cumplió con la colocación de refugios para quienes esperan el micro; con la calidad y confort de los mismos? A medias. Entonces ¿está en condiciones de pedir quien no cumple? Definitivamente, no.El acecho de un nuevo boletazo ha calado hondo en el humor de la sociedad capitalina. Con la inflación como telón de fondo (consultoras privadas estiman que 2012 cerrará con un global cercano al 30%), representa otro dolor de cabeza.Ahora el Gobernador tiene la pelota. Habrá que ver para qué equipo desea jugar.Mientras en Posadas y alrededores el temor al tarifazo es el principal tema de conversación, en ciudades como Oberá y Puerto Iguazú, el drama es la falta de agua. En la Capital del Monte, la prestataria directamente le aclaró a los usuarios que el servicio no mejorará y que las obras para paliar la situación pueden demorar unos dos años en concretarse. Demasiado tiempo para gente desesperada que pasa semanas sin líquido vital en sus domicilios. Los vecinos tampoco encontraron mucha acción en la Municipalidad para ayudarlos a sortear este problemón. De ahí que  hayan surgido decisiones como la del convencional Rafael Pereyra Pigerl, quien se presentó ante la Justicia con un amparo para que la cooperativa prestataria, el Municipio y la Provincia garanticen la provisión del líquido vital a los vecinos.¿Cómo se llegó a esta situación? ¿No había pasado lo mismo a principios de 2012? ¿Qué se hizo desde entonces y qué se hizo en los últimos años? Todo se resume en la falta de inversión y en la vista gorda de los funcionarios. No puede ser que no estén atentos a la provisión de agua para la gente cuando se trata de un problema crónico de la ciudad.Doble golpeEn el orden nacional, aunque con menos fuerza, siguen sonando los ecos de la seguidilla de saqueos que dejó un saldo de tres muertos, 292 comercios víctimas de robo, más de 500 detenidos y un mar de especulaciones.Sin una mínima pizca de autocrítica por la demora en dar la cara y colocándose en el rol de víctima de un intento desestabilizador, la Presidenta finalmente habló del tema. Ratificó los argumentos ensayados por los pocos funcionarios que opinaron tras los actos de pillaje. Fue “un manual de saqueos, violencia y desestabilización de gobiernos”, dijo.Comparó los ataques ocurridos en 40 ciudades en la semana previa a la Navidad con lo sucedido durante el gobierno de Raúl Alfonsín, donde, afirmó, la movida estuvo organizada por “sectores del PJ, todos lo sabemos”.“Lo mismo pasó en 2001, sabemos cómo se organizó eso que empezó en la provincia de Buenos Aires. Y se intentó hacer lo mismo ahora en un escenario social y político que no tiene nada que ver”, apuntó.En ese mismo discurso aprovechó para lanzar otra crítica a la Justicia, que ese día había golpeado al oficialismo por partida doble: condena para una ex funcionaria kirchnerista y fallo de la Corte Suprema extendiendo la cautelar que tiene paralizados dos artículos de la Ley de Medios. “Lo único que les pido es que se encarguen de defender a los ciudadanos de aquellos que saquean”, lanzó a los jueces, no sin antes recordarle los “magníficos sueldos” que cobran, sus “jubilaciones de privilegio” y que no aportan al Estado en concepto de Impuesto a las Ganancias.Más tirante que nunca finaliza la relación del Ejecutivo con la cabeza del Poder Judicial. La Corte no coincidió con el dictamen de la procuradora Alejandra Gils Carbó, que pidió el cese de la cautelar que beneficia al Grupo Clarín, y la prolongó hasta que haya una sentencia firme.En cuanto a la condena a la ex ministra de Economía Felisa Miceli, por los acontecimientos iniciados tras el hallazgo de una bolsa con dinero en el baño de su oficina, resultó interesante sus dichos tras el fallo: “Evidentemente no tuve estructura de poder propia y muchos otros ministros sí la han tenido, y lo estoy pagando”. Aunque después se desdijo, fue un grito de lamento porque le soltaron la mano y una alusión a la mejor suerte que tienen otros funcionarios de este gobierno que están siendo investigados.F
ue un cierre de año turbulento. 2013 asoma. Para la política, se sabe, no hay verano. Menos aún si hay elecciones en el horizonte. Aunque también en el horizonte aparecen muchos problemas por resolver. Falta poco para saber si será el año en el que empiecen a ser resueltos, finalmente.

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Con la presencia de su realizador, Luis Moro, este sábado a las 18 hs, se proyectará “Micromundos” en el centro de Posadas. Se trata de un documental realizado a lo largo de 15 años, indagando en el mundo fascinante de los artrópodos y en los complejos universos que habitan.
Rubén Magnano regresó a Misiones como invitado estelar en el Campus Aniversario del Club Tokio, que se extenderá hasta mañana. “Lo que busco instalar es la cultura del esfuerzo”, le dijo a EL DEPORTIVO.
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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