Un conjunto de productores y cooperativas de yerba mate presentó este viernes dos acciones ante el Juzgado Federal de Posadas con el objetivo de revertir los cambios introducidos por el Gobierno nacional al funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Las demandas apuntan a declarar la inconstitucionalidad de artículos clave del DNU 70/2023 y a suspender de manera urgente sus efectos mediante una medida cautelar.
La ofensiva judicial fue impulsada por referentes de distintas organizaciones del sector primario, entre ellos Jorge Skripczuk, Hugo Sand, Salvador María Torres, Julio Alfredo Petterson, Edgar Gustavo Hein y Antonio Rodríguez Franza, con el patrocinio del abogado José Federico Padolsky. El planteo refleja una articulación amplia de entidades agrarias que buscan defender el esquema institucional que regula la actividad yerbatera, considerada estratégica para la economía y la identidad productiva de Misiones.
En la presentación principal, los demandantes solicitan que se declare la “inconstitucionalidad, nulidad absoluta e insanable e inaplicabilidad” de los artículos 164 al 168 del DNU, al sostener que modifican de manera sustancial el régimen establecido por la Ley 25.564, que dio origen al INYM. Según argumentan, estas modificaciones implican un cambio profundo en la naturaleza del organismo.
En esa línea, Padolsky explicó que las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei transforman al instituto, que históricamente funcionó como un espacio de concertación entre los distintos actores del sector, en una estructura más alineada con los intereses industriales. “Se pasa de un órgano de equilibrio a un apéndice de la industria”, advirtió.
El escrito presentado ante la Justicia sostiene que el DNU elimina herramientas regulatorias esenciales para garantizar la sustentabilidad de la producción primaria, suprime mecanismos de participación sectorial y debilita la capacidad del Estado para intervenir frente a las asimetrías del mercado. Como consecuencia, se plantea que el organismo queda “desprovisto de las facultades necesarias” para cumplir con los objetivos para los cuales fue creado.
En paralelo, los productores solicitaron una medida cautelar de carácter innovativo para frenar de inmediato la aplicación de estas disposiciones. El pedido no solo abarca los artículos cuestionados del DNU, sino también normas complementarias que, según entienden, profundizan el proceso de desmantelamiento institucional.
Entre ellas se incluye el Decreto 812/2025, que modifica la reglamentación vigente, y la Resolución 152/2025 del INYM, señalada por implicar una reestructuración interna con desvinculación de personal técnico. Para los demandantes, estas decisiones forman parte de un mismo esquema que debilita al organismo y afecta directamente al sector productivo.
El argumento central de la cautelar es evitar que se profundicen los daños ya advertidos en la actividad, vinculados a un proceso de descapitalización y pérdida de capacidad operativa. En ese sentido, sostienen que la intervención judicial resulta urgente para preservar el funcionamiento del sistema yerbatero.
