Las prestadoras del PAMI en todo el país dicen encontrarse en un punto de altísima tensión para su sostenibilidad financiera. “En la medida que se acerque el período invernal, el sistema se va a resentir aún más”, afirma un importante protagonista de ese sector. No creen vaya a haber cierres masivos de clínicas en lo inmediato, pero afirman que de no empezar a fluir las actualizaciones de fondos se pronunciarán las reprogramaciones y las menores prestaciones para los afiliados.
“No hay un recorte, sino un retraso de fondos. No es menor, pero sí que necesitamos el financiamiento para darle respuesta a las prestadoras”, reconoció un altísimo funcionario del Ministerio de Salud. En la tarde de ayer, la cúpula de la cartera que preside Mario Lugones se reunió con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí mismo indican que el asunto de las prestaciones con el PAMI es uno de los que más preocupan en esa administración.
No se tratan de fondos insignificantes para las arcas nacionales. Solo las prestadoras hicieron circular que la deuda global con todas ellas de alrededor de $ 500.000 millones. El PAMI se vale de las trasnferencias provenientes de la ANSES en virtud de las retenciones practicadas sobre los haberes de jubilados y pensionados. Pero como el sistema actual es deficitario (mayormente debido a un sistema previsional incongruente con el envejecimiento demográfico actual), el Tesoro realiza asistencias financieras para poder cubrir las necesidades operativas de la obra social, la cual tiene cerca de 6 millones de afiliados, la más grande del país.
Dado que la primera vía por la cual se suministran fondos al PAMI no se puede modificar, la magnitud o no de la asistencia del Ministerio de Economía es la que termina explicando cuáles son las capacidades finales que están dispuestos a realizar desde la entidad.
Los fondos enviados vía ANSES mejoraron 2,8% en el primer bimestre, una dinámica completamente distinta respecto a las transferencias realizadas por el Tesoro, que variaron un -57,7% respecto al primer bimestre de 2025.
Eso llevó a que en la administración sanitaria se elevaran diferentes alertas a la cúpula económica respecto al peligro que podía implicar en la insostenibilidad del sistema prestacional del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP, mejor conocido como PAMI).
Al respecto, este jueves habrá dos importantes audiencias que podrían tener efecto sobre esta temática. Una se realizará a las 15 horas entre las autoridades del PAMI -que está presidido por Esteban Leguizamo- y las cámaras prestadoras de servicios de diferentes puntos del país.
La otra se desarrollará en el edificio del Ministerio de Economía y será entre Caputo y Lugones. Sobre esta última, se presume que la cuestión de las obra social estatal será un eje central, aunque desde la vocería de ambos ministerios afirman que se trata de una “reunión de seguimiento de gestión” más integral.
Riesgo de cierres de clínicas y sanatorios
“El Estado está obligado a cubrir. Pero mientras faltan los fondos y se acumula la bola de deuda corre el riesgo de mayores cierres de clínicas, falta de pagos a proveedores y la dilación de muchas prestaciones”, afirmó el presidente de una importante entidad privada.
En una de las clínicas que se especializa en la tercera edad marcan que al día de hoy “solo se está operando de urgencia” y que “todo lo programado se patea hacia adelante”.
Otro dueño de cuatro sanatorios afirma que la crisis financiera no es exclusiva de esta administración y que se trasladó por arrastre de otras malas políticas. Aun así, afirman que la situación se complejizó luego de que se diera fin al cobro del impuesto PAIS, ya que parte de lo recaudado se destinaba a financiar programas a cargo del PAMI.
En el sector privado de la salud afirman que enfrentan una crisis financiera que amenaza con la quiebra a unas 5.000 prestadores -entre clínicas, sanatorios y laboratorios- si es que se finaliza el régimen de emergencia sanitaria, vigente desde 2002.
A fin de año, el gobierno encabezado por Javier Milei tiene que tomar la determinación de si continuar con el régimen que exime del pago de contribuciones patronales a la mayor parte de los prestadores privados, un beneficio implementado por la llamada Ley de Emergencia Sanitaria y mantenido durante 23 años desde la crisis de 2001.
De no extenderse, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podrá embargar activos y avanzar en sanciones. De acuerdo al Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes), existen unas 25 mil instituciones inscriptas, de las cuales al menos 5.000 ya están identificadas por ARCA como sujetas a proceso fiscal. La deuda millonaria que mantiene el sector se acumuló a lo largo de más de dos décadas, lapso en el cual solo un reducido grupo de prestadores de gran porte continuó efectuando los pagos.
