La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que organizará a más de mil delegados y afiliados para concurrir esta semana a distintas sucursales del Banco Nación en todo el país con el objetivo de solicitar créditos bajo las mismas condiciones que, según denuncian, habrían recibido funcionarios, legisladores y allegados al oficialismo.
La iniciativa surge en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en el otorgamiento de préstamos de alto monto a personas vinculadas al Gobierno nacional. Desde el gremio sostienen que los trabajadores deberían poder acceder a los mismos montos, tasas de interés y plazos de financiación.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, señaló que la propuesta será analizada en una reunión del Consejo Directivo Nacional del sindicato prevista para este jueves en la ciudad de Buenos Aires. En ese encuentro participarán representantes de las 24 conducciones provinciales y se definirá la modalidad de la medida.
Según indicaron desde la organización sindical, la intención es que delegados y afiliados concurran a solicitar préstamos en las 709 sucursales que el Banco Nación posee en todo el país. El objetivo, explicaron, es visibilizar el reclamo por condiciones de financiamiento que consideren equitativas para los trabajadores.
Aguiar cuestionó además las políticas económicas del Gobierno y planteó que el acceso al crédito en condiciones favorables debería estar disponible para la población en general. También reclamó explicaciones oficiales sobre el otorgamiento de los préstamos señalados.
El dirigente sostuvo que, de confirmarse las irregularidades denunciadas, debería iniciarse una investigación administrativa y judicial para esclarecer las circunstancias en que fueron concedidos esos créditos.
Entre los nombres mencionados en el comunicado del gremio aparecen funcionarios y dirigentes vinculados a distintos organismos, además de legisladores y referentes cercanos al oficialismo. Según ATE, los préstamos otorgados habrían sido por montos que van desde los 100 hasta los 530 millones de pesos.
Desde el sindicato también señalaron que algunas de las operaciones presentarían inconsistencias entre los ingresos declarados por los beneficiarios y los montos obtenidos, además de tasas de interés y plazos de pago que, aseguran, resultarían más favorables que los disponibles para el público general.
