La discusión todavía está en etapa de propuesta, pero en Misiones ya se lee como una señal de alarma. Los cambios promovidos por el Gobierno nacional a través del Consejo de Mayo sobre dos normas centrales -la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Manejo del Fuego- abrieron un nuevo frente de preocupación en una provincia donde la conservación dejó de ser un discurso aislado para convertirse en parte de una estrategia territorial, productiva e identitaria.
El punto que más inquietud genera es la posibilidad de habilitar el desmonte total en la categoría III, conocida como zona verde, sin pasar por una evaluación de impacto ambiental. Actualmente, aun en esos sectores de menor valor de conservación, el cambio de uso del suelo requiere autorización previa.
Según el monitoreo oficial de la Dirección Nacional de Bosques, desde la sanción de la Ley 26.331, en 2007, Argentina perdió 3,8 millones de hectáreas de bosque nativo. Solo en 2023 se registraron 173 mil hectáreas afectadas y más de la mitad del desmonte ocurrió en zonas donde la ley vigente no permite cambiar el uso del suelo: 47% en categoría amarilla y 6% en roja.
El dato expone una contradicción de base en la discusión actual: si con la norma vigente el Estado no logra frenar de manera eficaz la deforestación ilegal, reducir controles y filtros previos aparece para muchos sectores como una decisión de riesgo antes que una solución.
En esa línea, una de las objeciones más firmes es que el problema no está en la existencia de la ley sino en su cumplimiento. La Red Agroforestal Chaco Argentina sostuvo que la norma es una herramienta estratégica de ordenamiento territorial y que sus principales déficits pasan por el financiamiento insuficiente, las debilidades de monitoreo y las limitaciones institucionales para controlar desmontes y asegurar gobernanza.
Para REDAF, flexibilizar el régimen actual implicaría aumentar la vulnerabilidad frente a incendios, inundaciones y sequías, además de generar costos sociales, productivos y fiscales que superan cualquier ventaja inmediata derivada del avance sobre el monte.
En Misiones, el rechazo a una marcha atrás fue explícito. El ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Martín Recamán, advirtió que “no se puede ir hacia atrás en el proceso de conservación” y sostuvo que los cambios impulsados desde la Nación representan un riesgo “ambiental, productivo y social”, especialmente para provincias que sostuvieron una política continuada de protección de sus recursos naturales.
El funcionario remarcó además que “los misioneros demostraron que se puede conservar, producir y seguir creciendo” y resumió la posición provincial en una frase con fuerte contenido político y estratégico: “El desarrollo es con el ambiente”.
Recamán también planteó que el debate no puede ser reducido a una lógica de rentabilidad inmediata. “Cuando no se conserva el ambiente, eso afecta la salud, también afecta la economía y compromete un recurso vital como el agua, que está directamente vinculada a la producción”, señaló. Y fue más allá al vincular la defensa del bosque con la propia identidad misionera: “La conservación del bosque y de los componentes del ambiente es fundamental para la economía de un pueblo y, en el caso de Misiones, está estrechamente vinculada a nuestro patrimonio y a nuestra identidad”.
En una provincia donde el monte nativo incide sobre el régimen hídrico, la biodiversidad, el turismo y la sustentabilidad de varias cadenas productivas, ese argumento encuentra una base concreta.
La otra modificación que genera rechazo es la vinculada a la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta busca eliminar restricciones incorporadas en 2020 que impiden durante 60 años, en el caso de bosques nativos o implantados, y durante 30 años en otras superficies, cambiar el uso del suelo en predios incendiados.
Ese blindaje legal fue pensado para evitar que el fuego se utilice de manera intencional como paso previo a desarrollos agropecuarios o inmobiliarios. Su eventual derogación es interpretada por organizaciones ambientales como una señal regresiva en un contexto donde los incendios ya son una amenaza creciente.
La Agrupación Forestal Peronista (AFOPE) habló de un “grave retroceso institucional y ambiental” y planteó que cualquier reducción de estándares debe analizarse bajo el principio de no regresión ambiental. Incluso desde sectores vinculados a la actividad forestal aparecieron advertencias. La Asociación Forestal Argentina señaló que un debilitamiento de la ley también puede afectar la competitividad internacional del país, comprometer el acceso a financiamiento climático y generar ruido en mercados que hoy exigen trazabilidad y productos libres de deforestación, como ocurre con la regulación europea EUDR y las discusiones asociadas al acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Ese punto agrega una dimensión política y económica de fondo. Ya no se trata solo de una discusión ambiental clásica entre conservación y producción. Lo que se debate es si Argentina quiere mostrar previsibilidad normativa y estándares consistentes o abrir una etapa de mayor permisividad en un tema cada vez más sensible para el comercio internacional, la inversión y los mercados de carbono. AFoA, por ejemplo, advirtió que cualquier debilitamiento de la ley podría afectar acuerdos, certificaciones y oportunidades de financiamiento verde, un aspecto que para provincias forestales como Misiones no es menor.
