La investigación por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, el joven de 29 años que falleció por una sobredosis de propofol y fentanilo, sumó una nueva medida clave. La Justicia ordenó abrir y analizar su teléfono celular para intentar reconstruir de dónde salieron los medicamentos que consumió y qué vínculos podrían surgir a partir del contenido almacenado en el dispositivo.
El aparato había sido encontrado por la Policía a pocos metros del lugar donde estaba el cuerpo del profesional, pero hasta el momento permanece bloqueado. Por ese motivo, el juzgado dispuso su apertura a través de la DATIP, la oficina del Ministerio Público Fiscal especializada en este tipo de peritajes, con el objetivo de revisar comunicaciones, registros y cualquier otro dato que pueda resultar relevante para la causa.
La medida busca profundizar una pesquisa que, con el correr de las semanas, dejó de estar centrada exclusivamente en la muerte de Zalazar para abrir una trama más amplia vinculada al presunto desvío de drogas de uso hospitalario y su circulación fuera del ámbito médico.
De acuerdo a fuentes judiciales, el fiscal también tiene previsto tomar la próxima semana declaración testimonial a un amigo del anestesista, también residente, con quien Zalazar habría mantenido contacto hasta la noche anterior a su fallecimiento. Ese testimonio aparece ahora como otra de las piezas que podrían aportar información sobre sus últimas horas y sobre el circuito en el que se movían los fármacos.
El caso comenzó a tomar estado público en febrero, cuando Zalazar, que se desempeñaba como anestesiólogo de guardia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y había sido residente del Hospital Rivadavia, fue hallado muerto en su vivienda.
La autopsia confirmó que el deceso se produjo por una sobredosis de propofol y fentanilo. Junto al cuerpo, la Policía encontró medicamentos y una bomba de infusión, elementos que encendieron las alarmas en torno al acceso y utilización de sustancias anestésicas por fuera de los protocolos sanitarios.
Con el avance de la investigación, se determinó que los fármacos que utilizó Zalazar provenían del Hospital Italiano de Buenos Aires. A partir de esa línea, fueron señalados Hernán Boveri y la residente Delfina Lanusse como presuntos responsables del robo y la distribución de esas drogas. Ambos ya no trabajan en esa institución, que además inició un sumario interno y presentó una denuncia ante la Justicia.
La causa también avanzó con allanamientos en los domicilios de ambos profesionales. En esos procedimientos, la Policía secuestró cajas con tubos de anestesia, jeringas, teléfonos celulares y computadoras, todos elementos que ahora forman parte del expediente y que serán analizados para determinar cómo funcionaba el circuito de extracción y distribución de medicamentos.
Los dos médicos quedaron imputados en una investigación que busca esclarecer cómo esas sustancias, destinadas exclusivamente al uso clínico, salieron del hospital y terminaron en manos de particulares.
En paralelo, la pesquisa también alcanzó a la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, donde se realizó un allanamiento vinculado a la causa que investiga las presuntas reuniones conocidas como “Propo fest”, encuentros en los que, según surgió en el expediente, se habrían utilizado drogas robadas de hospitales.
El abogado de la entidad, Eduardo Gerome, aseguró que el procedimiento tomó por sorpresa a la institución, aunque remarcó que desde allí también buscan esclarecer lo ocurrido. Según explicó, la Policía procuraba documentación vinculada a eventuales reuniones mantenidas entre la asociación y los profesionales denunciados.
