La reciente decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que avaló la actuación del Estado argentino en la expropiación de YPF en 2012 reconfigura el eje del litigio internacional, pero al mismo tiempo abre un frente de riesgo menos visible: el impacto de las críticas políticas internas sobre la estrategia judicial del país.
El ex subprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, sostuvo que el fallo constituye un respaldo clave, al establecer que la Argentina actuó conforme a su propio derecho al recuperar el control de la petrolera, desestimando uno de los argumentos centrales de los demandantes.
“La Cámara concluye que bajo el derecho argentino se actuó correctamente en 2012”, explicó el especialista, al sintetizar el núcleo de la resolución.
El proceso judicial, iniciado en 2015, tuvo en sus primeros años un debate centrado en la jurisdicción. Recién en 2020 se resolvió que el caso debía tramitarse en Nueva York, lo que dio paso a la discusión de fondo: si el Estado estaba obligado a lanzar una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios tras expropiar el 51% de la compañía.
En ese punto, la defensa argentina sostuvo de manera consistente que la legislación local permite expropiar por razones de utilidad pública la porción accionaria que se considere necesaria, sin extender esa obligación a los minoritarios. La Cámara respaldó esa interpretación y avanzó un paso más al establecer que el estatuto de una sociedad no puede imponerse por sobre la potestad constitucional de un Estado soberano.
El fallo, en ese sentido, no solo tiene implicancias jurídicas, sino también económicas: refuerza la posición argentina frente a reclamos que podrían haber derivado en una condena multimillonaria.
Sin embargo, para Soler, el principal riesgo ya no está en los tribunales, sino en el plano político. “Me preocupa que se siga diciendo que la expropiación se hizo mal. No solo es falso a la luz del fallo, sino que puede ser peligroso para la Argentina”, advirtió.
El señalamiento apunta a un fenómeno recurrente en litigios internacionales: las declaraciones públicas de funcionarios o dirigentes pueden ser utilizadas como evidencia por las partes demandantes en futuras instancias. En este caso, la insistencia en cuestionar la legalidad de la expropiación podría debilitar la coherencia de la defensa argentina, que hasta ahora se sostuvo con relativa uniformidad a lo largo de distintos gobiernos.
Esa continuidad, de hecho, es uno de los aspectos que el propio Soler destacó como un activo. “Hubo una política de Estado en la estrategia jurídica”, afirmó, al remarcar que los argumentos centrales no variaron entre la primera instancia y la apelación.
Aun así, el escenario dista de estar cerrado. Los demandantes podrían intentar llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos u otras instancias, lo que prolongaría la disputa y mantendría abierto un frente sensible para el país.
En ese contexto, el fallo favorable aparece como una victoria parcial, pero también como un punto de inflexión: la solidez jurídica alcanzada en los tribunales deberá sostenerse ahora en el terreno político, donde las fisuras discursivas pueden convertirse en un factor de riesgo tan relevante como cualquier argumento legal.
Fuente: Agencia de Noticias NA
