El Gobierno nacional avanzará desde abril con la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de alrededor de $78 mil mensuales y los reemplazará por un sistema de vouchers de capacitación laboral. La medida implica el cierre definitivo del esquema heredado del programa Potenciar Trabajo y marca un giro en la política social hacia la formación y la inserción laboral.
La decisión, impulsada por el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, ya comenzó a notificarse a los beneficiarios a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico. Allí se les informa el fin del programa Volver al Trabajo —que había reemplazado al Potenciar— y la posibilidad de sumarse al nuevo sistema.
Según fuentes oficiales, el universo alcanzado ronda las 900 mil personas, correspondientes al segmento considerado en transición hacia el empleo. En tanto, unas 300 mil personas que integran programas de asistencia más permanente no serán alcanzadas por la medida.
Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/KZpkwoXaG2
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) March 17, 2026
La eliminación de estos planes implicaría un ahorro potencial cercano a los $60 mil millones mensuales, aunque el monto final dependerá de cuántos beneficiarios se sumen al nuevo sistema. Parte de esos recursos será destinada a financiar las capacitaciones y otra a políticas educativas.
Desde el oficialismo sostienen que el plan vigente no funcionaba como un ingreso suficiente y que muchos beneficiarios ya realizan actividades en la informalidad. Bajo esta lógica, la medida no reduciría el empleo, sino que modificaría la forma de intervención del Estado.
Un cambio de modelo: de la asistencia a la capacitación
El nuevo esquema propone dejar atrás las transferencias mensuales generalizadas para avanzar hacia un sistema condicionado a la formación. Los vouchers serán asignados directamente a los beneficiarios, quienes deberán inscribirse en cursos dentro de una red de centros de capacitación que aún se encuentra en desarrollo.
“El recurso va al beneficiario, que decide dónde capacitarse”, señalaron desde el Gobierno, remarcando que ya no habrá intermediación de organizaciones sociales.
El sistema también establece mayores exigencias: quienes accedan deberán cumplir con asistencia y permanencia en los cursos. En caso de abandono, perderán el beneficio y no podrán reingresar.
Fuente: Infobae
