Era la noche del 19 de diciembre del 2025 en Agua Vista, el club privado residencial emplazado a pocos minutos de Encarnación, Paraguay. Decenas de personas disfrutaban de la Noche Blanca, la fiesta de fin de año y entre los invitados estaba Silvana Ratti, responsable de la empresa constructora homónima. La glamorosa diversión de aquella noche, que quedó inmortalizada en las redes sociales de Ratti, no anticipaba lo que sucedería apenas tres días después, aunque en los estrados judiciales y del otro lado del “charco”.
El 22 de diciembre de 2025 la empresa constructora Silvana Ratti SA, con sede en Posadas, solicitaba ante la Justicia la apertura de un concurso preventivo de acreedores, en un intento por reordenar su situación financiera y evitar un eventual escenario de quiebra.
El trámite fue presentado ante el fuero civil y comercial de la provincia y se fundamenta en el “contexto macroeconómico desfavorable, con tasas de interés elevadas y mayores dificultades para acceder al financiamiento, lo que limitó el desarrollo de nuevos emprendimientos”.
De acuerdo con la presentación, la empresa reconoce que atraviesa una crisis de liquidez que le impide afrontar obligaciones en los plazos previstos, pese a que asegura que su patrimonio -compuesto en gran parte por desarrollos inmobiliarios y activos vinculados a la actividad constructiva- superaría el volumen de sus deudas. El monto total del pasivo aún deberá ser determinado en el proceso judicial de verificación de créditos.
Sin embargo, ese argumento abre una de las principales controversias del expediente: el hecho de que gran parte del activo de la compañía se encuentre inmovilizado en obras y bienes inmobiliarios, mientras que las deudas mantienen vencimientos inmediatos o exigibles en el corto plazo.
Un entramado de deudas bancarias
Entre los principales acreedores mencionados en la documentación aparecen numerosas entidades financieras con las que la empresa mantiene operaciones de crédito. Entre ellas figuran: Banco Nación, Banco Macro, Banco Galicia, Banco Hipotecario, Banco Patagonia, Banco Santander, Banco del Sol, Banco Francés (BBVA), Banco de Corrientes, ICBC, entre otros.
El expediente también menciona deudas con proveedores de materiales, contratistas vinculados a obras, prestadores de servicios, organismos públicos y fiscales, además de entidades previsionales.
También indica que algunos de estos créditos se encuentran respaldados con garantías hipotecarias sobre bienes de la empresa, lo que implica que esos acreedores cuentan con privilegios de cobro frente a otros proveedores o acreedores comunes.
En ese contexto, la firma busca continuar pagando determinados créditos hipotecarios mientras negocia con el resto de los acreedores dentro del proceso concursal, una estrategia que podría generar tensiones entre bancos, proveedores y otros acreedores.
En su presentación judicial, la empresa apunta especialmente contra el Banco de la Nación Argentina, al que acusa de haber acelerado ejecuciones de deuda y precipitado el deterioro financiero de la firma.
Según el escrito, la entidad habría declarado exigibles distintos créditos pese a que solo existían algunas cuotas vencidas, incluyendo consumos realizados mediante una tarjeta corporativa utilizada para la compra de materiales de construcción.
El documento menciona que un saldo cercano a cuatro millones de pesos habría sido utilizado como base para exigir la cancelación total de operaciones financiadas en cuotas.
Riesgos para trabajadores y proveedores
Más allá de los argumentos expuestos por la empresa, el concurso preventivo abre un escenario de incertidumbre para distintos actores vinculados a la actividad.
En primer lugar, los proveedores y contratistas que mantienen créditos con la firma deberán ahora presentarse en el proceso judicial para verificar sus acreencias, lo que podría demorar el cobro de facturas o servicios prestados.
Pero el impacto potencial también alcanza al plano laboral. En la industria de la construcción, donde buena parte del empleo depende del avance de las obras, los problemas financieros de una empresa suelen trasladarse rápidamente al frente laboral. Este riesgo adquiere mayor relevancia en un contexto en el que el sector de la construcción atraviesa una retracción a nivel nacional, con fuerte caída de la obra pública y menor dinamismo en los desarrollos privados.
De qué se trata
El concurso preventivo es un mecanismo legal que permite a una empresa continuar operando mientras negocia un acuerdo con sus acreedores para reestructurar sus deudas.
Sin embargo, su éxito depende de múltiples factores: desde la valuación real del patrimonio empresarial hasta la voluntad de los acreedores de aceptar quitas, plazos o refinanciaciones.
En el caso de Silvana Ratti S.A., la resolución judicial que determine la apertura formal del proceso será el primer paso de una negociación que podría extenderse durante meses y que definirá no solo el futuro de la empresa, sino también el de proveedores, contratistas y trabajadores vinculados a sus obras.
Una maniobra que también expone riesgos
Más allá de la explicación que brinda la empresa en su presentación judicial, el concurso preventivo también plantea interrogantes sobre el manejo financiero que condujo a la situación actual. En el escrito presentado ante la Justicia, la firma sostiene que su patrimonio supera el nivel de endeudamiento, pero reconoce que no puede afrontar los vencimientos de corto plazo debido a la falta de liquidez. Ese tipo de escenario -frecuente en empresas con fuerte inversión inmobiliaria- suele trasladar el peso de la crisis hacia terceros: proveedores, subcontratistas y trabajadores que dependen del flujo de pagos para sostener la actividad.
De hecho, uno de los antecedentes recientes ocurrió en agosto de 2025, cuando trabajadores que se desempeñaron en diferentes obras de la contratista hicieron pública una situación que calificaron de “desesperante”. De acuerdo al comunicado emitido en ese entonces bajo el patrocinio letrado del Estudio Jurídico Bandeira & Navarro Frick y Asociados, llevaban meses sin percibir los haberes correspondientes ni los fondos de cese laboral, pese a los reclamos legales presentados.
“Somos más de 60 familias afectadas, atravesando una situación muy difícil por la falta de respuesta de la empresa. Exigimos que cumpla con la ley y honre los compromisos asumidos”, expresaron en ese entonces.
De hecho, en la presentación actual, la empresa reconoce que quince empleados fueron despedidos al finalizar obras recientes y que hubo reclamos por demoras en el pago de liquidaciones finales. Aunque la firma asegura haberlo regularizado, el episodio refleja que la crisis financiera ya tenía impacto en el frente laboral.
En el caso de la construcción, donde buena parte del trabajo se organiza a través de contratistas y equipos de obra, cualquier interrupción financiera puede derivar en paralización de proyectos, demoras salariales o suspensión de personal. Además, la fuerte presencia de entidades financieras entre los acreedores sugiere que una parte significativa del endeudamiento está vinculada al financiamiento de desarrollos inmobiliarios y compra de materiales, lo que podría complicar la continuidad de las obras en ejecución. Por ese motivo, el proceso concursal no solo definirá el futuro de la empresa sino también el impacto económico que su situación pueda tener en el entramado de proveedores, trabajadores y clientes vinculados a sus proyectos.
Interrogantes
El expediente que se tramita en la justicia menciona muchos bancos, lo que sugiere un nivel de apalancamiento financiero bastante alto para una empresa local de construcción.
Se mencionan operaciones de financiamiento durante 2024 con al menos dos bancos destinadas a cubrir compromisos ya asumidos y mantener la continuidad operativa.
El propio documento reconoce que: hubo acumulación de vencimientos, encarecimiento real del crédito y falta de flujo de fondos para cumplir obligaciones.
Esto sugiere una dinámica típica de crisis empresaria: endeudamiento creciente para sostener actividad hasta que la liquidez se vuelve insuficiente.
La empresa sostiene que: el activo sería mayor que el pasivo, pero no tiene liquidez para pagar deudas inmediatas. En otras palabras, tiene bienes inmobiliarios, pero no efectivo para pagar deudas.
Se trata de un argumento clásico en concursos de desarrolladores inmobiliarios. La pregunta natural sería si los activos son mayores que las deudas, por qué la empresa necesita el concurso preventivo.
