El Gobierno nacional aprobó un Protocolo de Vigilancia de Mercado para reforzar los controles sobre productos que se comercializan en el país y los instrumentos de medición utilizados en transacciones comerciales, como balanzas o medidores, con el objetivo de garantizar estándares de seguridad y proteger los derechos de los consumidores.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 56/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y establece lineamientos uniformes para las tareas de control, verificación, fiscalización y eventual sanción en el mercado argentino.
Controles técnicos y análisis de laboratorio
El nuevo protocolo habilita distintos mecanismos de control para verificar el cumplimiento de los reglamentos técnicos y normas de seguridad vigentes.
Entre ellos se incluyen:
- verificaciones documentales de la información técnica de los productos
- toma de muestras en el mercado y ensayos en laboratorios especializados
- verificaciones técnicas e inspecciones en establecimientos
- controles fronterizos aleatorios para productos importados, según el nivel de riesgo
Los resultados de los ensayos servirán para determinar si los productos cumplen o no con los requisitos exigidos por la normativa.
Control sobre instrumentos de medición
La resolución también alcanza a instrumentos de medición utilizados en actividades comerciales, cuya precisión es clave para garantizar transacciones transparentes.
Entre ellos se incluyen equipos regulados por normas metrológicas, como balanzas, surtidores de combustible y otros dispositivos que determinan peso, volumen o cantidad en operaciones comerciales.
El objetivo es asegurar la exactitud de las mediciones y la legalidad en las operaciones de compra y venta.
Quién paga los ensayos
El protocolo establece que los costos de los procedimientos de toma de muestras y análisis serán afrontados inicialmente por el Estado.
Sin embargo, si los ensayos determinan que el producto o instrumento no cumple con la normativa vigente, la empresa responsable deberá reintegrar la totalidad de los gastos, además de enfrentar las sanciones correspondientes.
Si el resultado confirma que el producto cumple con las normas, los costos serán absorbidos definitivamente por la Secretaría de Industria y Comercio.
Nuevo esquema de fiscalización
La resolución también establece que los trámites vinculados a estos controles se gestionarán a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y actualiza el marco normativo vigente.
En ese sentido, la norma modifica disposiciones de la Resolución 237/2024 sobre control de cumplimiento de reglamentos técnicos y deroga artículos de una resolución de 1983 que regulaba procedimientos de extracción y análisis de muestras.
El nuevo protocolo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
