En otra decisión que marca un precedente respecto del dilema entre protección al empresario o al consumidor, y el debate entre apertura comercial y posiciones dominantes del mercado local, el Gobierno volvió a bajó el pulgar a los derechos antidumping y, en este caso, a los que pesaban sobre las importaciones de “foil” de aluminio provenientes de China.
A través de la Resolución 172/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el ministro Luis Caputo le denegó a la firma Aluar la prórroga de la medida protectora que regía desde 2020. El argumento oficial fue contundente: proteger a la única empresa productora del país termina encareciendo los envases de alimentos, bebidas y medicamentos en las góndolas argentinas.
El fin del “cerrojo” del 28%
Esta barrera comercial comenzó en marzo de 2020 con la resolución 88/2020, cuando se le impuso un arancel extra del 28% a las hojas de aluminio chinas (de espesor inferior a 0,2 mm). Al cumplirse los cinco años de rigor, Aluar solicitó la revisión para mantener el bloqueo.
Técnicamente, la Subsecretaría de Comercio Exterior le dio la derecha a la industria local: detectó que, si se levantaba la medida, había un margen de recurrencia de dumping del 14,47%. Sin embargo, la balanza se inclinó por el lado de la macroeconomía y el “interés público”.
La radiografía de un monopolio “aguas arriba”
El dictamen de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) que fundamenta la resolución desnudó la estructura de este mercado con números lapidarios. Durante los años que duró la protección, las importaciones chinas se desplomaron a niveles insignificantes (no superaron el 3% del consumo aparente), permitiendo a Aluar pasar de tener el 64% del mercado en 2019 a concentrar un abrumador 91% en 2024.
Pero el dato que encendió las alertas en los despachos oficiales fue el manejo de los precios.
La CNCE destacó que Aluar no solo es la única productora de “foil” en el país, sino también la única productora de aluminio primario (el insumo básico, que representa hasta el 65% del costo).
Amparada en esta posición de dominio total, Aluar aumentó el precio relativo de su producto entre un 5% y un 7% entre 2022 y 2024, justo en el mismo período en que el precio internacional del aluminio caía un 16%. Además, se advirtió que este producto representa apenas entre el 3% y el 4% de la facturación total de la compañía, dándole margen para “independizar sus decisiones de precios”.
El impacto en la góndola
¿Por qué Economía decidió aplicar la válvula de escape del “interés público”? Porque el “foil” de aluminio no es un producto suntuario; es un eslabón crítico en la cadena de bienes de consumo básico. Se utiliza masivamente para fabricar envases de alimentos, tetra briks para bebidas, blísters para medicamentos y membranas aislantes para la construcción.
Mantener la protección a Aluar, según el Gobierno, implicaba convalidar mayores costos para toda la cadena productiva, impactando directamente en la salud pública y en la inflación de los productos de primera necesidad.
Digresión final, Aluar pertenece a Javier Madanes Quintanilla, empresario dueño de FATE, la empresa nacional que fabricaba neumáticos y que cerró sus puertas la semana última, en medio del debate por la sanción de la Reforma Laboral y el paro general realizado por la CGT.
Fuente: Tradenews.
