Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados reclama al Poder Ejecutivo que remita “en forma urgente y detallada” toda la información y documentación respaldatoria de una contratación aprobada mediante la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, vinculada a la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 para la capacitación en idioma inglés del personal de la Cancillería.
La iniciativa solicita el número completo del expediente, la normativa invocada y los fundamentos técnicos y jurídicos que justificaron encuadrar el procedimiento en el artículo 25 inciso d) apartado 2 del Decreto 1023/01, que habilita contrataciones directas bajo causales de excepción.
Además, el proyecto pide precisiones sobre fechas clave del proceso (convocatoria, apertura, adjudicación) y la emisión de la orden de compra correspondiente.
Entre los puntos centrales, se requiere conocer si el Ministerio realizó estudios comparativos o relevamientos de mercado que sustenten el supuesto de “especialidad” y la inexistencia de otros prestadores idóneos, condición que habilitó la contratación directa.
El texto también solicita la identificación completa del adjudicatario, sus autoridades vigentes y los antecedentes contractuales con Cancillería durante los últimos diez años.
En los fundamentos, la diputada Roxana Monzón señala que la contratación adjudicó $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (CUIT 30-52550539-8) por un período de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo equivalente.
De acuerdo con el acto administrativo citado, la decisión se habría sustentado en que la entidad sería el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad de un plan de capacitación iniciado en 2018 y desarrollado durante ocho años.
El proyecto también alude a la controversia pública generada tras la adjudicación. Según el texto, “distintos medios periodísticos” informaron que la Asociación Argentina de Cultura Inglesa es presidida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger, y que las actuaciones administrativas reconocerían la existencia de un “vínculo positivo” entre una de las directoras de la entidad y el ministro.
En ese marco, la resolución subraya que se trató de un procedimiento de excepción que “restringe la concurrencia y competencia”, y reclama conocer los criterios técnicos concretos que justificaron la supuesta falta de oferentes alternativos, especialmente tratándose —según plantea la iniciativa— de un servicio educativo con amplia oferta en el mercado.
Finalmente, el proyecto contextualiza el gasto en el actual escenario fiscal -resumido en la consigna oficial “no hay plata”- y contrapone el monto comprometido, imputado al ejercicio 2026, con el deterioro presupuestario de áreas sensibles del Estado. La iniciativa concluye con un pedido de transparencia y acceso público a los criterios, montos y fundamentos de la contratación.
Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE👇
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Fuente: Agencia de Noticias NA
