En la causa que tuvo como víctima al soldado misionero Rodrigo Gómez, quien se suicidó en la Quinta de Olivos, se confirmó que tres mujeres continuarán detenidas en el penal de Olmos tras ser rechazado su pedido de excarcelación, acusadas de integrar la organización que extorsionaba a hombres mediante aplicaciones.
Según la Agencia Noticias Argentinas y el sitio Fiscales.gob, la banda también estaba compuesta por tres hombres que operaban desde las cárceles bonaerenses de Magdalena y Olmos, una cuarta mujer y otros individuos aún no identificados.
La titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, tomó la decisión en línea con el dictamen del fiscal Federico Iuspa, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de esa jurisdicción.
De acuerdo a la investigación, la organización habría actuado, al menos, entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero pasado, y se le atribuyen tres hechos comprobados, entre otros que aún se investigan.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló que los siete reclusos coordinaban la banda desde unidades penitenciarias, mientras que las mujeres cumplían el rol de recaudadoras, retirando el dinero entregado por las víctimas de las extorsiones, entre ellas Rodrigo Gómez.
Arroyo Salgado advirtió: “Lo más preocupante es que esto no es novedoso, porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal gracias al uso irrestricto de un celular, que, como lo fue en este caso, puede convertirse en un arma letal”.
El caso del soldado misionero
El caso comenzó el 16 de diciembre pasado, recordó Ambito.com cuando se halló el cuerpo de Rodrigo Gómez, de 21 años, integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín del Ejército Argentino, quien se quitó la vida en una garita de la residencia presidencial, donde cumplía funciones de custodia.
El joven dejó una carta en la que se despidió de su familia, pidió perdón y relató la angustia que le generó haber sido víctima de la organización delictiva.
En este contexto, la defensa de tres de las mujeres solicitó la excarcelación. Sin embargo, el fiscal Iuspa se opuso, considerando la gravedad de los hechos, la posible existencia de más víctimas y el desenlace trágico del caso. La magistrada coincidió y rechazó los pedidos, destacando riesgos de entorpecimiento de la investigación y de reiteración delictiva, mientras se esperan los resultados del análisis de los teléfonos secuestrados, que podrían aportar nuevos elementos.
