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Régimen Penal Juvenil: el oficialismo consiguió firmar dictamen de mayoría en Diputados

El despacho de mayoría recolectó al menos 75 firmas y viaja con viento a favor al recinto, donde mañana será votado.

11 febrero, 2026

El oficialismo junto a aliados y representantes de la oposición dialoguista lograron hoy en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados firmar dictamen a favor del proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil, que entre otros puntos reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

En medio del debate, la presidencia de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, anunció que el despacho de mayoría recolectaba hasta el momento 75 firmas.

De esta manera, la iniciativa viaja con viento a favor rumbo al recinto de la Cámara baja donde mañana será sometido a votación en una sesión especial a partir de las 11 hs.

El dictamen de mayoría fue avalado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID; en tanto que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no acompañaron y formularon filosas críticas.

Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

El debate, con polémica

El debate en el plenario de comisiones comenzó caldeado, con dures cruces entre el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois con su par libertario Manuel Quintar.

La polémica comenzó cuando Rodríguez Machado, dio inicio al debate antes de que llegaran todos los diputados.

Cuando Quintar comenzó a defender la propuesta del oficialismo para bajar la edad de punibilidad a los 14 años, Grabois alzó la voz para pedir que se aguardara unos minutos más para que todos los legisladores pudieran participar.

“Empecemos a respetar porque no está en la cancha“, le soltó el libertario jujeño, que además le pidió al líder de Patria Grande que “deje de payasear” y lo acusó de montar “un show”.

Tras la interrumpida exposición de Quintar, fue el turno de la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, quien reconoció que el régimen penal de minoridad en Argentina “es vetusto” y “atrasa 100 años”, pero criticó el proyecto del Gobierno por estar “a la derecha de la derecha”, y acusó al oficialismo de “tener una fijación con la pena y el castigo”.

La ex ministra de Desarrollo social ratificó que su bloque presentaría un dictamen propio, muy diferente al “mamarracho que propone el Poder Ejecutivo”.

“Nos queremos hacer cargo de la no punibilidad”, sostuvo, y señaló que el régimen penal juvenil que propone el peronismo se basa en la “especificidad”, en la “proporcionalidad en la pena”, con “dispositivos que permitan aplicar la justicia restaurativa y la reinserción”.

Por su parte, la diputada nacional de La Libertad Avanza Silvana Giudici rebatió a Tolosa Paz al sostener que “nadie habla de un castigo vengativo o de privar derechos”.

La diputada oficialista apeló a la comparación regional y destacó que en Chile, luego de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, la tasa de reincidencia juvenil bajó un 28% según datos oficiales del instituto de estadística del país trasandino.

“Claramente ningún gobernador, ningún intendente ni nadie en Argentina que tenga que luchar contra la inseguridad y tenga que proveer seguridad ciudadana va a decir que el tema del delito juvenil no es un problema”, apuntó.

En representación del Frente de Izquierda, Myriam Bregman aseguró que la consigna “delito de adulto, pena de adulto” es un planteo “marketinero y falso”

“La discusión de la edad de punibilidad tiene que ver con que hay un sujeto en desarrollo, pero ustedes llevan esa lógica nefasta libertaria hasta el extremo. Quieren poner todas las responsabilidades de forma individual para ocultar las desigualdades reales”, consideró la jefa del bloque de la izquierda.

En tanto, la referente del PTS remarcó que “la incidencia de niños y adolescentes en el delito es absolutamente menor”. 

No hay una ola delictiva juvenil, lo que hay es una necesidad de un régimen cada vez más decadente, un Gobierno que necesita aumentar el poder punitivo del Estado”, recriminó.

Y advirtió que “los únicos que van a llenar cárceles o institutos van a ser los hijos de la clase trabajadora, porque a los hijos del poder no se los toca”. 

“No asociemos todo el tiempo la condición de pobreza con el delito”, concluyó Bregman.__IP__

En su estreno como diputado nacional, el sacerdote Juan Carlos Molina (Unión por la Patria) tildó la iniciativa del oficialismo de “caranchero” y “oportunista”.

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Tags: NacionalesRégimen Penal Juvenil
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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