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Tensión en Santa Fe: policías protestaron por salarios, se enfrentaron entre ellos y se acuartelaron

Una protesta salarial impulsada por efectivos y sus familiares derivó en enfrentamientos entre policías frente a la Jefatura de Rosario. Hubo cortes de calles, sirenas y tensión en distintos puntos de Santa Fe, mientras el Gobierno provincial anunció un plan integral para la fuerza.

10 febrero, 2026
FOTO: CADENA 3

FOTO: CADENA 3

Una protesta salarial protagonizada por efectivos de la Policía de Santa Fe derivó este martes en momentos de extrema tensión frente a la Jefatura de Policía de Rosario, donde agentes terminaron enfrentándose con sus propios compañeros. Los reclamos comenzaron durante la madrugada y se extendieron a distintos puntos de la provincia.

La manifestación se inició frente a la sede policial rosarina, impulsada por familiares de los efectivos, a quienes luego se sumaron policías que se encontraban patrullando la ciudad. El principal reclamo estuvo centrado en mejoras salariales y en las condiciones laborales, una demanda que también tuvo réplicas en la ciudad de Santa Fe, donde patrulleros rodearon la Casa de Gobierno.

Con el correr de las horas, la situación se agravó en Rosario. En medio de la protesta, se ordenó el avance de la fuerza para despejar la zona, lo que provocó enfrentamientos entre los propios agentes. Como respuesta, el grupo que reclamaba hizo sonar las sirenas de patrulleros y motos, cortó calles y se acuarteló frente a la Jefatura, en una secuencia que fue registrada por vecinos y testigos con sus teléfonos celulares.

Desde el gobierno provincial aseguraron que no se trató de un acuartelamiento formal por parte del sector más combativo, aunque admitieron la complejidad del escenario y la continuidad del conflicto. Además de la recomposición salarial, los manifestantes reclamaron el cese de las sanciones administrativas contra quienes participaron de las movilizaciones.

 

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Las protestas no son un hecho aislado. Según informó la Asociación Profesional Policial (Apropol), las manifestaciones comenzaron la semana pasada en localidades como Rosario, Vera y Reconquista. Entre los pedidos centrales figuran una “recomposición salarial real”, con un haber inicial que no sea inferior a la canasta básica total, liquidaciones claras y auditables, y la implementación de una Tarjeta Alimentaria Policial para todo el personal, sin distinción de jerarquías ni destinos.

El reclamo también incluye mejoras integrales en las condiciones de trabajo, con especial énfasis en la salud mental y física de los efectivos.

En respuesta a la escalada del conflicto, días atrás el Gobierno de Santa Fe anunció un plan integral para las fuerzas de seguridad, que contempla cuatro ejes principales: mejora económica, salud mental, alojamiento y transporte. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, aseguró que la iniciativa se desarrollará con “diálogo permanente y perfeccionamiento continuo, sin escatimar recursos”.

Mientras tanto, persiste la tensión en distintos puntos de la provincia y crece la incertidumbre ante la posibilidad de que las protestas continúen en los próximos días.

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Tags: conflicto policialGobierno de Santa FePolicía de Santa Feprotesta salarialRosarioseguridad
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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