La reciente publicación de un edicto en el Boletín Oficial, que intimó a la regularización de la “Asociación Civil de Transportistas Escolares” a regularizar su situación legal, encendió las alarmas en ciertos sectores de la comunidad educativa. La preocupación, surgida principalmente entre grupos de padres, apuntaba a un temor directo de que si la entidad que agrupa a los conductores se encuentra “en situación de irregularidad administrativa”, qué garantías ofrecen sobre el control de trabajadores y los vehículos que trasladan a los chicos en el periodo escolar.
Sin embargo, desde la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia, su titular Camila Miralles salió al cruce de estas interpretaciones para llevar tranquilidad y, de paso, exponer una radiografía compleja sobre la realidad del tercer sector en la provincia, las ONG.
“La situación administrativa de una asociación no tiene injerencia alguna sobre la habilitación técnica o legal de sus miembros para trabajar, por lo tanto se trata nada más de un proceso de normalización de una entidad que los nuclea para objetivos de beneficio común entre sus integrantes y que en este caso ha sido impulsada por exintegrantes para normalizar la entidad”, aclaró Miralles en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.
Quien agregó para más tranquilidad: “El edicto responde a un trámite iniciado por un grupo de asociados que busca regularizar la situación de la entidad. No es nada más que eso”.
La directora del organismo enfatizó que el rol de su dirección se limita a otorgar el “marco legal” institucional a los mandatos, la entrega de balances, actas y no tiene relación con ejercer un poder de policía sobre la actividad comercial o profesional de los socios.
Para graficar la situación, la funcionaria detalló que “un asociado puede estar en perfectas condiciones de papeles, de vehículo y de todo”, independientemente de que la personería jurídica del grupo o asociación al que pertenece esté inactiva.
“El estado en que se encuentren los vehículos o los choferes no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos acá”, sentenció para desvincular la seguridad del servicio o vial de los transportes escolares de la burocracia administrativa que envuelve a la entidad mediante el proceso actual de algunos asociados que buscan “reflotar” la institución para que pueda volver a perseguir sus fines de bien común.
El efecto “bola de nieve”
Más allá del caso puntual de los transportistas, la situación expuso una problemática estructural mucho más amplia. Según datos revelados durante la entrevista de este Diario con Camila Miralles, el universo de organizaciones civiles en la provincia de Misiones enfrenta una elevada tasa de inactividad administrativa.
“Hoy por hoy tenemos registradas aproximadamente 4.000 entidades civiles, y es posible que al menos la mitad de esa cantidad hoy esté inactiva”, admitió la titular de Personas Jurídicas.
Según Miralles las causas de este fenómeno son múltiples, pero suelen comenzar con la dilución del padrón de socios y la falta de participación, lo que deriva en incumplimientos formales.
“Se empiezan a registrar incumplimientos y eso se transforma en una bola de nieve, porque después, cuando se atrasan es cada vez más difícil cumplir”, graficó la funcionaria. Este círculo vicioso lleva a que muchas ONG queden en un limbo jurídico, sin operar y sin disolverse formalmente.
4.000
es la cantidad aproximada de entidades civiles registradas en Misiones. Se estima que el 50% se encuentra en inactividad.
