La denuncia por la retención de documentación personal a dos jóvenes sordos que viajaban desde Itacaruaré a Posadas sigue generando repercusiones y se convirtió en un caso testigo de las irregularidades que muchas familias y personas con discapacidad enfrentan al viajar en colectivo.
El episodio tomó estado público tras una publicación en redes sociales que recogió PRIMERA EDICIÓN y, desde entonces, la familia sigue sin saber cuándo podrá recuperar los DNI de los jóvenes.
En el caso tomó intervención la Subsecretaría de Transporte de Misiones y su directora general, Alejandra Leites Frizon, fue quien confirmó a este medio que los jóvenes aún no recuperaron sus documentos de identidad, hecho por el que ya se radicó una denuncia. El resto de la documentación (que incluye carnet de transporte y Certificado Único de Discapacidad) fue restituida por gestiones de esa subsecretaría.
La funcionaria remarcó que ninguna empresa de transporte ni su personal están habilitados a retener documentación de los pasajeros, mucho menos si se trata de personas con discapacidad. “No puede la empresa retenerle los carnets, mucho menos el documento, bajo ningún punto de vista”, afirmó.
El Colegio de Profesionales de Educación Especial de Misiones también se hizo eco del caso y emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por lo sucedido. Además, advirtió que el hecho se inscribe en una serie de “situaciones de discriminación que vienen siendo reportadas por personas con discapacidad en el uso del transporte público terrestre”.
Cómo se intervino en el caso
Según explicó Leites Frizon, tomó conocimiento del episodio el sábado y dispuso que se resolviera de manera urgente todo lo vinculado al transporte de los jóvenes. “Nos pusimos a disposición para que ellos tengan la documentación que necesitan, todo lo que sea carnet de transporte y lo que es el viaje gratuito. Acá sí le podíamos solucionar esto porque tenemos la documentación en archivo”, precisó la funcionaria.
En la subsecretaría existe un circuito administrativo para dar respuesta rápida a este tipo de casos y un área que interviene cuando se trata de personas con discapacidad, incluso más allá de las competencias formales del área. “Lo implementamos porque hay gente que viene del interior de la provincia y no tiene el conocimiento de dónde ir a hacer el CUD”, explicó.
Para dar una primera respuesta a este caso, se reimprimieron los carnets de transporte provincial, se facilitó la gestión de un nuevo CUD y la radicación de la denuncia.
“Acompañé personalmente a los chicos, a la mamá, para que hagan la denuncia que corresponde ante Fiscalización y puedan recuperar los DNI. Pero ya se fueron con una solución en las manos, que fueron los carnets de transporte provinciales”, afirmó la responsable de Transporte.
Además, evaluó que el hecho marca un precedente preocupante, ya que la retención de DNI y CUD no está permitida bajo ninguna circunstancia. Por eso, advirtió que estas conductas derivan en sanciones contra las empresas. “No le pueden retener el documento o el carnet de discapacidad. Estamos hablando de un tema muy sensible”, insistió.
El cupo: otra irregularidad frecuente
La directora general de la Subsecretaría de Transporte también se refirió a una práctica frecuente denunciada por familias y usuarios con CUD: un supuesto “cupo” que limita el derecho al viaje gratuito para personas con discapacidad y sus acompañantes. Según aclaró, esa restricción no existe en la normativa nacional vigente.
“Es la denuncia que suelen venir a hacer, a manifestar. Y no les llevan porque les dicen que ya está el cupo completo. No existe dentro de la Ley de Transporte nada que defina un cupo o cantidad de personas (con discapacidad) que pueden viajar”, afirmó.
Las consecuencias de estas irregularidades se miden en términos de acceso a la salud para este grupo de personas, ya que muchas pierden turnos médicos o tratamientos por creer en esa limitación inexistente.
“Hay gente que tiene miedo, porque viajan continuamente para hacer su tratamiento prolongado acá en la ciudad”, sostuvo la subsecretaria, al tiempo en que insistió en la importancia de acercarse a realizar la denuncia.
“Estamos con las puertas abiertas para dialogar y resolver estas situaciones, pero es importante que la gente se acerque, porque si no se acerca nosotros no podemos tener conocimiento”, cerró la funcionaria.
”Constituye una conducta ilegítima”
En un comunicado, el Colegio de Profesionales de Educación Especial se refirió al hecho y lo encuadró como una vulneración grave de derechos, que de acuerdo al escrito “atenta contra la autonomía, seguridad y dignidad” de las personas con discapacidad.
En ese sentido, el Colegio señaló que “la exigencia indebida de documentación vinculada a la discapacidad y su posterior retención refuerza una situación de discriminación directa, prohibida expresamente por la legislación nacional”, haciendo alusión a la Ley 23.592, que sanciona actos u omisiones de derechos por motivos discriminatorios.
“Este tipo de conductas no solo resultan contrarias a la ley, sino que además profundizan estigmas y barreras sociales, por lo que instamos a las autoridades competentes a investigar los hechos, adoptar las sanciones correspondientes y garantizar que no vuelvan a repetirse situaciones de esta naturaleza”, expresaron.
El organismo colegiado consideró que se vieron vulneradas garantías como “el derecho a la identidad, a la libertad personal y al trato digno” y advirtió que “este tipo de conductas puede encuadrar en figuras vinculadas al abuso de autoridad, trato discriminatorio o impedimento ilegítimo del ejercicio de derechos”.
“Expresamos nuestra solidaridad con las personas que han sido afectadas por estas prácticas y reafirmamos nuestro compromiso permanente con la defensa de una educación, una sociedad y unos servicios públicos basados en la inclusión, la equidad y el respeto a la diversidad”, cierra el escrito.
