El Ministerio de Seguridad Nacional resolvió incrementar a 20 millones de pesos la recompensa destinada a quienes aporten información útil que permita dar con el paradero de Lian Gael Flores Soraide, el niño desaparecido el 22 de febrero de 2025 en la localidad de Ballesteros Sud, en la provincia de Córdoba. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 52/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
El nuevo monto duplica la recompensa original de 10 millones de pesos, que había sido establecida en febrero del año pasado, y responde al tiempo transcurrido sin avances significativos en la investigación, además de la necesidad de incentivar la recepción de información relevante que permita avanzar en la causa judicial.
Según se desprende de la resolución, el ofrecimiento de la recompensa se realiza en colaboración con la provincia de Córdoba, en el marco de una investigación que tramita ante la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville, correspondiente a la Tercera Circunscripción Judicial. El Ministerio de Seguridad nacional asumirá el pago del incentivo, conforme lo establece la Ley 26.538.
La norma aclara que la recompensa será otorgada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos, brinden datos verificables y de interés para la investigación. La información podrá ser aportada a través de la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, con garantía de anonimato y preservación de la identidad del aportante.
Asimismo, se establece que el pago quedará sujeto a la evaluación del mérito de la información por parte de la autoridad judicial interviniente y se ordena la difusión del ofrecimiento en medios de comunicación de alcance nacional, así como su publicación a través de las fuerzas federales de seguridad.
Lian Flores Soraide tenía tres años al momento de su desaparición y fue visto por última vez en un campo de la zona rural de Ballesteros Sud, en el departamento Unión. A más de once meses del hecho, su paradero continúa siendo desconocido, y la causa permanece abierta.
En ese contexto, el aumento de la recompensa aparece como una nueva señal de respaldo del Estado nacional a la investigación y como un intento por generar información que permita destrabar un expediente que, hasta el momento, no logró resultados concluyentes.
