Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska, que obligue al Estado argentino a informar en detalle la ubicación, las cuentas y los movimientos de sus reservas de oro, en el marco de la ejecución de la sentencia por US$16.100 millones.
El planteo se basa en la acusación de una presunta estrategia de ocultamiento de activos por parte del Gobierno argentino para evitar el cumplimiento del fallo. Según los demandantes, la República incumplió una orden judicial clave al no presentar un testigo debidamente calificado para declarar sobre el patrimonio nacional.
Los fondos Petersen y Eton Park -beneficiarios de la sentencia- sostienen que el Estado argentino presentó de manera deliberada a un expositor “no preparado”, lo que interpretan como una maniobra de obstrucción dentro del proceso de descubrimiento de bienes. El objetivo central de los demandantes es identificar activos embargables que permitan avanzar en la ejecución del fallo dictado por el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
La información surge de una carta enviada el 21 de enero de 2026 por el estudio jurídico Levine Lee LLP a la jueza Preska. En el documento, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los abogados detallan una serie de incumplimientos que, según afirman, la Argentina habría cometido respecto de las órdenes judiciales impartidas en agosto de 2025.
En el escrito presentado ante el tribunal, los representantes legales afirmaron que “el incumplimiento de la República en producir un testigo calificado forma parte de su estrategia para evadir la ejecución de la sentencia de US$16.1 mil millones, incluyendo la ocultación de más de US$1.000 millones en reservas de oro”.
Los demandantes calificaron la falta de respuestas oficiales como “grave y continua” y advirtieron que el perjuicio económico se ve agravado por el hecho de que el precio internacional del oro alcanzó niveles récord en los últimos meses.
La presentación judicial sostiene además que funcionarios de alto rango del Gobierno nacional tienen acceso directo a la información solicitada. En ese sentido, los abogados mencionan al ministro de Economía, Luis Caputo, señalando que posee conocimiento directo sobre el traslado de los activos y que mantiene contacto permanente con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, a través de canales de comunicación interna.
Para los litigantes, la decisión de no presentar a un testigo con ese nivel de información “equivale, en los hechos, a una falta de comparecencia”, lo que justificaría la intervención directa del tribunal.
Ante este escenario, los beneficiarios del fallo solicitaron que la jueza ordene a la Argentina “proporcionar de inmediato una declaración jurada” que identifique con precisión la ubicación, los movimientos y las cuentas en las que se mantienen las reservas de oro.
De manera subsidiaria, pidieron que, en caso de que el Gobierno alegue no tener acceso a la información del Banco Central, se convoque a una audiencia probatoria, con la citación de funcionarios con conocimiento directo, entre ellos el propio Caputo y otros testigos relevantes.
El escrito también reclama que el tribunal disponga que la República Argentina pague los honorarios razonables de los abogados de los demandantes, al considerar que existió una conducta obstructiva durante el proceso.
Finalmente, los abogados recordaron que distintos organismos del Estado -como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación (AGN)- cuentan con facultades legales para acceder a información vinculada al transporte y localización de las reservas, por lo que rechazan cualquier argumento oficial basado en la falta de acceso a esos datos.
Fuente: Agencia de Noticias NA
