El Gobierno firmó este martes los contratos que habilitan la posesión, administración y mantenimiento de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), un esquema de privatización de rutas nacionales que abarca 741 kilómetros estratégicos del corredor del Mercosur. Los acuerdos fueron rubricados por el Ministerio de Economía, de Luis Caputo, y permitirán que, desde este miércoles 7 de enero, las empresas adjudicatarias comiencen a gestionar los tramos concesionados.
Según informó el Ejecutivo, la primera etapa incluye los denominados Tramo Oriental y Tramo Conexión, que comprenden las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, además del Puente Rosario-Victoria sobre el río Paraná.
“Corredores estratégicos”
Caputo sostuvo que se trata de corredores “estratégicos” que facilitan el comercio con Brasil y Uruguay y que permitirán “potenciar las exportaciones y la logística” al conectar zonas productivas con los principales puertos del país.
Sin embargo, la firma de los contratos reactivó cuestionamientos debido a que varias de las empresas adjudicatarias están involucradas en la causa conocida como los Cuadernos de las coimas, que investiga un sistema de sobornos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
En el Tramo Oriental, la concesión quedó en manos de Autovía Construcciones y Servicios, una firma que fue mencionada en el expediente judicial por su presunta participación en el esquema de pagos ilegales revelado por los registros del chofer Oscar Centeno.
En tanto, el Tramo Conexión fue adjudicado a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, varias de las cuales también figuran en la investigación judicial por contratos de obra pública y supuestos aportes irregulares a exfuncionarios.
Pese a ese antecedente, desde el Gobierno defendieron el proceso licitatorio y aseguraron que se trata de un sistema “transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”.
“Se concreta el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 kilómetros concesionados, que reducirá costos para el sector productivo y permitirá reemplazar un modelo deficitario”, afirmó Caputo a través de sus redes sociales.
La Etapa I de la Red Federal de Concesiones había sido lanzada en enero de 2025 y el proceso de recepción de ofertas se cerró en agosto de ese año. En noviembre, el Ejecutivo avanzó con la apertura de sobres y la adjudicación de los primeros tramos, en lo que constituye la primera privatización de rutas del gobierno de Javier Milei.
Modelo de peajes
Según la información oficial difundida con ocasión de la apertura de sobres de ofertas para esta etapa, se presentaron siete propuestas en la licitación nacional e internacional que desembocaron en la adjudicación y posterior firma del contrato.
Todas las ofertas económicas se ubicaron por debajo del tope máximo fijado en el pliego, un dato que las autoridades señalaron como indicativo de “eficiencia y transparencia” en el proceso de selección.
Aunque la firma del contrato constituye un paso formal hacia la ejecución de las obras y la puesta en marcha del mantenimiento vial, el modelo de concesión prevé que las empresas privadas asuman la gestión de esos tramos mediante la explotación con peaje, la ejecución de obras y la conservación a lo largo del plazo contractual, con financiamiento y gestión de servicios correlacionados.
El esquema adoptado para esta primera etapa contempla la participación de capitales privados, con mecanismos de financiamiento asociados que, según explicaron fuentes del Ministerio de Economía, fueron clave para atraer ofertas.
Condiciones y expectativas
En la licitación, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) puso a disposición líneas de crédito que cubren un porcentaje significativo del monto contractual bajo condiciones definidas, incluidas fórmulas de ajuste y plazos de repago acordados.
El Gobierno señaló que la gestión de estos tramos por parte de privados permitirá una mayor eficiencia operativa y un mantenimiento continuo de las rutas, al tiempo que se evita la dependencia de subsidios estatales para sostener la infraestructura vial. El modelo de peajes que se implementará se ajustará al marco establecido en los pliegos de licitación, en los cuales se fijan tarifas máximas y mecanismos de actualización.
