En una de sus últimas medidas de 2025, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 931/2025, que marca el fin de la emergencia pública y el inicio de una reforma profunda en la administración central. La norma instruye a la Secretaría de Transformación del Estado a implementar un nuevo sistema de empleo público basado estrictamente en el mérito, la capacidad y la evaluación periódica del desempeño, dejando atrás el esquema tradicional de ingresos y permanencia por antigüedad.
Este nuevo paradigma busca atraer y retener cuadros técnicos calificados mediante un esquema de remuneraciones competitivo que sea coherente con las responsabilidades asumidas. En este contexto, el Ejecutivo decidió poner fin al congelamiento salarial que regía para ministros, secretarios y subsecretarios desde diciembre de 2023. A partir de enero de 2026, estas autoridades percibirán los incrementos acumulados durante los últimos dos años en el marco de la paritaria general del sector público.
Superávit o congelamiento
La medida se justifica en los resultados macroeconómicos expuestos en los considerandos del decreto. El ahorro generado por la reducción de 60.000 agentes y la eliminación de más de 500 estructuras burocráticas -equivalente a 3,5 billones de pesos anuales– permitió, según el Gobierno, financiar este reordenamiento sin comprometer las cuentas públicas.
Sin embargo, el decreto introduce un mecanismo de control inédito: el Artículo 4 establece que, si la Administración Pública Nacional presenta un déficit fiscal financiero acumulado, las retribuciones de todas las autoridades superiores quedarán automáticamente congeladas. Esta suspensión operará sin necesidad de un nuevo acto administrativo y se mantendrá hasta que se restablezca el equilibrio financiero, asegurando que los funcionarios tengan “la piel en el juego” respecto a la sostenibilidad del modelo.
Es importante señalar que el reordenamiento salarial excluye explícitamente al Presidente y a la Vicepresidente de la Nación, quienes mantendrán sus haberes sin las actualizaciones acumuladas de 2024 y 2025. Asimismo, el decreto aclara que los aumentos para el gabinete no tendrán efectos retroactivos.
Finalmente, el Ejecutivo nacional extendió una invitación formal al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a las provincias para que repliquen la medida de congelamiento automático ante situaciones de déficit, buscando unificar el criterio de austeridad y responsabilidad fiscal en todos los estamentos del Estado argentino.
