La Justicia avanzó este viernes en una causa de fuerte impacto institucional al imputar formalmente al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino, por la presunta retención ilegal de aportes jubilatorios. La acusación fue impulsada por el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial y quedó radicada ante el Juzgado a cargo de Diego Amarante.
La investigación se centra en una supuesta deuda superior a los 19.000 millones de pesos vinculada al incumplimiento en el pago de contribuciones a la seguridad social correspondientes a empleados de la AFA y de los principales clubes del país. Según consta en el expediente, la entidad habría retenido los aportes previsionales sin efectuar los depósitos dentro de los plazos legales, una conducta que encuadra en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario.
El requerimiento de instrucción sostiene que Tapia, en su carácter de presidente, tenía la responsabilidad sobre la administración general de la entidad y el manejo de la clave fiscal, mientras que Toviggino aparece señalado por su rol como tesorero. Se trata de la primera imputación formal que alcanza a ambos dirigentes en una causa de estas características, lo que marca un punto de inflexión en el frente judicial que enfrenta la conducción del fútbol argentino.
De acuerdo con fuentes judiciales, el expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la División Jurídica de Grandes Contribuyentes del organismo recaudador, que detectó irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones previsionales. La magnitud de los montos observados llevó al fiscal a considerar que no se trata de un hecho aislado, sino de una operatoria sostenida en el tiempo.
En ese marco, Navas Rial planteó la necesidad de ampliar la investigación hacia otros dirigentes y actores vinculados al entramado económico que rodea a la AFA. En su presentación, mencionó a Cristian Ariel Malaspina y a Gustavo Lorenzo, asociados a empresas que, según la pesquisa, tendrían vínculos con Toviggino y podrían haber intervenido en maniobras bajo análisis.
La imputación por los aportes jubilatorios se suma a otros expedientes que, en paralelo, complican a la cúpula de la entidad. En los últimos días, la Justicia también profundizó una causa relacionada con la compra de una propiedad de lujo en la localidad bonaerense de Pilar, presuntamente adquirida mediante sociedades y testaferros vinculados a dirigentes del fútbol.
En ese expediente, el juez federal Marcelo Aguinsky ordenó nuevas medidas para avanzar en la reconstrucción de los hechos. Entre ellas dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del inmueble, con el objetivo de detectar movimientos previos al allanamiento que puedan resultar relevantes para la investigación. También se puso el foco en la eventual presencia de vehículos de alta gama y otros elementos que llamaron la atención de los investigadores por las características del lugar.
Además, se ordenó un procedimiento sobre la empresa Flyzar, propietaria de un helicóptero que habría sido utilizado en la operatoria investigada. La firma deberá aportar a la causa el listado de pilotos, pasajeros y vuelos realizados, datos considerados clave para reconstruir los desplazamientos de personas vinculadas al expediente.
Todas estas medidas fueron impulsadas a partir de informes presentados por el Ministerio Público Fiscal, que busca determinar si existió un esquema sistemático de irregularidades financieras alrededor de la conducción de la AFA. De confirmarse los extremos investigados, las causas podrían derivar en procesamientos y responsabilidades penales para los involucrados.
