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Trump anuncia inicio inminente de ataques terrestres contra cárteles en América Latina

El presidente de Estados Unidos elevó la estrategia militar contra el narcotráfico, tras una campaña de ataques marítimos en el Caribe; el anuncio genera alarma regional y tensiones diplomáticas.

25 diciembre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su Gobierno está listo para iniciar ataques terrestres contra cárteles de la droga en América Latina, en el marco de lo que describió como una intensificación de su lucha contra el narcotráfico internacional. La declaración fue formulada durante un mensaje navideño a las fuerzas armadas publicado esta semana, según medios que citan fuentes oficiales.

Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses están “ahora atacando por tierra” a grupos vinculados al tráfico de drogas, luego de que, aseguró, la presión en el mar hubiera reducido el flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos en más del 96% por vía marítima. Aunque no detalló fechas ni lugares específicos para las operaciones terrestres, el anuncio marca una escalada en la política de seguridad y militar estadounidense en la región.

En el mismo mensaje, el mandatario felicitó especialmente a la tripulación del portaaviones USS Gerald R. Ford, desplegado en el Caribe como parte de las operaciones para frenar el tráfico de drogas desde aguas cercanas a Sudamérica y Centroamérica.

La Casa Blanca ya había impulsado desde septiembre una campaña de ataques aéreos y marítimos contra embarcaciones que, según Washington, estaban vinculadas al narcotráfico. Esa serie de operaciones -que forma parte de lo que el Pentágono y la administración denominan una misión para interrumpir el tráfico de drogas en la región– incluyó ataques en el Mar Caribe y el océano Pacífico, donde fuerzas estadounidenses destruyeron varias lanchas y mataron a decenas de personas a bordo, a las que identificaron como “combatientes ilegales” o miembros de organizaciones criminales.

En octubre, el Gobierno estadounidense elevó la presencia militar en la región con el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de combate hacia aguas del Caribe, junto a otros buques y aeronaves, lo que constituyó una de las mayores concentraciones de fuerza naval estadounidense en la zona en años recientes. Estas acciones se justificaron oficialmente como parte de los esfuerzos para disrumpir el tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos.

A partir de esa campaña, Trump y otros funcionarios han señalado públicamente que la vía marítima del narcotráfico se ha reducido de forma considerable, y ahora, según el presidente, el foco se trasladaría a las rutas terrestres utilizadas por los cárteles para introducir estupefacientes en el territorio estadounidense.

Repercusiones  

El anuncio de posibles operaciones terrestres ha generado preocupación en América Latina. Analistas y gobiernos de la región advierten que ataques de este tipo, si se concretan, podrían infringir principios del derecho internacional y la soberanía de los Estados en los que se llevarían a cabo. En declaraciones anteriores, expertos señalaron que este tipo de acciones militares sin consentimiento explícito de los países afectados podría desatar conflictos diplomáticos de gran escala, así como cuestionamientos jurídicos sobre la legalidad de intervenciones extranjeras.

En ese contexto, distintos gobiernos latinoamericanos han enfatizado la importancia de la cooperación internacional y el respeto mutuo de la soberanía como pilares para enfrentar el problema del narcotráfico, al tiempo que sostienen que la militarización por sí sola no bastará para abordarlo de manera integral.

Aunque Trump ha vinculado su estrategia a un combate global contra el tráfico de drogas -incluso referenciando cifras de reducción de envíos por mar-, la retórica de intervenciones terrestres ha suscitado un debate más amplio sobre sus implicancias políticas, jurídicas y humanitarias en la región.

Fuente: Agencia de Noticias NA y Medios Digitales

Tags: #NarcotráficoAmérica LatinaDonald TrumpEstados UnidosPolítica exteriorseguridadUSS Gerald R. Ford
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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