A 22 años y seis meses de la muerte del soldado Mauro Francisco José Ramírez (22) en una garita de guardia del Regimiento de Monte 30 “Apóstoles”, la Cámara Federal de Casación Penal reabrió la causa, cuestionó la hipótesis de suicidio y sostuvo que el caso debe investigarse bajo estándares de violencia institucional.
La Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo que había rechazado el pedido de la querella encabezada por la madre del soldado chaqueño, Susana Pintos, para que se cite a indagatoria a dos militares en el marco de la investigación por lo ocurrido durante la madrugada del 26 de junio de 2003 cuando fue hallado sin vida Ramírez con un disparo de FAL.
El fallo, firmado por los jueces Alejandro Slokar, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, hizo lugar al recurso de casación presentado por la querella, anuló la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas y ordenó que el expediente vuelva a esa instancia para que se dicte un nuevo pronunciamiento.
Si bien inicialmente la Justicia provincial (ex juez de Instrucción de Apóstoles, José Luis Reyes) sostuvo la hipótesis del suicidio, esa conclusión fue puesta en duda con el paso del tiempo, a partir de nuevas pruebas incorporadas al expediente.
En su voto, el juez Slokar sostuvo que el caso debe ser analizado “a la luz de la categoría de violencia institucional”, al tratarse de la muerte de un conscripto bajo custodia estatal, lo que impone un deber reforzado de investigación por parte del Estado.
En ese sentido, advirtió que “la omisión de investigar seriamente este tipo de hechos puede generar responsabilidad internacional” .
El fallo cuestionó que los tribunales inferiores se hayan limitado a sostener que el llamado a indagatoria es una facultad discrecional del juez instructor, sin analizar los agravios de la querella vinculados al derecho a la verdad, al acceso a la justicia y a la gravedad institucional del caso. Tal postura implicó un “tratamiento aparente” de los planteos y una falta de fundamentación suficiente, resaltó Casación.
También se destacó que, a lo largo de la causa, se señalaron irregularidades en la investigación inicial, como la falta de preservación de pruebas clave, la intervención de la misma fuerza potencialmente involucrada en los hechos y la exclusión temprana de hipótesis distintas al suicidio. Además, se valoraron pericias médicas y grafológicas que, según la querella, descartarían la existencia de tendencias suicidas en la víctima.
Casación concluyó que la resolución recurrida “exhibe defectos graves de fundamentación y razonamiento” y que ello afecta el debido proceso, en particular los derechos de la madre del soldado.
Con esta decisión, el máximo tribunal penal reabre un expediente sensible, a más de dos décadas de los hechos, y refuerza la obligación del Poder Judicial de investigar con especial diligencia las muertes en ámbitos de custodia estatal.
“El Estado está obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos. Si el aparato estatal actúa de modo que tal violación quede impune, puede afirmarse que ha incumplido su deber de garantía”, advirtió el camarista Slokar. “Estas acciones u omisiones de funcionarios públicos, de no ser atendidas debidamente, se encuentran llamadas a acarrear eventual responsabilidad internacional del Estado”, amplió en su voto.
Susana Mónica Pintos, madre de Mauro Ramírez, dialogó con PRIMERA EDICIÓN sobre el fallo de Casación Penal Federal y las sensación que le despertó este paso judicial: “Muy emocionada y sorprendida. Ya esperábamos que hasta el año que viene no iban a llegar novedades de la Cámara de Casación. Pero cuando recibí hoy la noticia la verdad que me sentí esperanzada, más de lo que habitualmente estoy porque ahora creo que la justicia tiene que llegar, va a aparecer de una buena vez”.
“Sé muy bien que han pasado muchos años pero voy a seguir insistiendo que la muerte de mi hijo no puede quedar impune, Mauro tiene que recibir justicia, no puede ser que todo lo que ocurrió, que toda la connivencia que hubo desde el primer momento imponga que esto quede en la nada. No puede pasar eso”.
“Mauro tenía todo un proyecto de vida, lo sabíamos todos en la familia y no se iba a matar. A él lo mataron y el juez y la fiscalía no hicieron nada por esclarecerlo e intentaron archivar la causa. Esta decisión de Casación me fortaleció aún más la esperanza de encontrar justicia para mi hijo”.
