El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa del ajuste sobre el empleo público y proyecta profundizar el recorte en organismos descentralizados y empresas estatales. La meta oficial es ampliar en un 10% adicional las bajas ya ejecutadas entre 2023 y julio de 2025, lo que implicaría la eliminación de alrededor de 28.000 puestos de trabajo en el transcurso de un año.
Desde el inicio de la gestión, el Ejecutivo redujo más de 53.000 empleos en el sector público nacional. Ahora, en la Casa Rosada aseguran que aún “quedan muchas áreas por recortar”, aunque reconocen que el proceso requiere un “trazado fino” para no afectar funciones consideradas sensibles. En el recuerdo reciente del gabinete persiste el malestar que se generó en 2024, cuando el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, impuso un porcentaje obligatorio de reducción sobre los contratos. Varios ministros advirtieron en aquel momento que los empleados alcanzados cumplían tareas clave y que el margen de ajuste era limitado.
El foco del nuevo plan está puesto en los organismos descentralizados, donde hoy se concentra la mayor parte del personal estatal. Según datos oficiales, ese universo reúne cerca de 117.000 trabajadores. La estrategia no contempla cierres masivos, sino la eliminación de áreas superpuestas, la reorganización interna y la no renovación de contratos. Si ese segmento absorbiera poco más de la mitad del ajuste previsto, la poda rondaría entre 15.000 y 16.000 puestos, lo que representaría una reducción cercana al 13% de su planta.
El otro bloque bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, que cuentan con una dotación aproximada de 90.000 empleados. Para alcanzar el objetivo global del 10%, ese sector debería aportar entre 12.000 y 13.000 bajas, equivalentes a un recorte del 14%. En este caso, el Gobierno analiza como alternativas centrales la privatización, concesión o liquidación de compañías, mecanismos que permitirían reducir personal sin que todas las salidas se computen como despidos directos.
En la administración centralizada, como ministerios y secretarías, reconocen que el margen de maniobra es más acotado. Además, el Ejecutivo ya no dispone de las facultades delegadas que le permitieron avanzar en reformas estructurales durante la primera etapa de la gestión, lo que obliga a concentrar el ajuste en otros ámbitos del Estado.
De acuerdo con el último informe del INDEC, la dotación total del sector público nacional asciende a 282.570 empleados. Los ministerios reúnen poco más de 39.000, los organismos descentralizados cerca de 116.900, los desconcentrados unos 22.000 y otros entes alrededor de 14.000.
La denominada “motosierra 2.0” es coordinada por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, en conjunto con el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger. El Presupuesto 2026 refuerza ese esquema al centralizar la autorización para cubrir vacantes y sostener el congelamiento de ingresos. En el oficialismo anticipan que el ajuste continuará de manera gradual durante los dos primeros trimestres del próximo año.
(Fuente: TN)
