La desregulación del mercado del gas en garrafas, impulsada a nivel nacional, genera preocupación en Misiones por el impacto que puede tener en la seguridad de los usuarios y en el control de un producto altamente inflamable. Desde el ámbito provincial advierten sobre una “zona gris” que se abre al liberar un sistema que hasta ahora tenía normas estrictas de revisión y habilitación.
El director del Gas en Misiones, José María Tomaselli, sostuvo a PRIMERA EDICIÓN que el problema va mucho más allá de lo comercial. “Cuando hablamos de desregular, estamos hablando de garrafas. Y la garrafa es un elemento que tiene que cumplir ciertas normas, tiene que tener seguridad en la válvula, tiene que tener cada 10 años una revisión técnica”, explicó.
En ese sentido, describió la importancia de los controles periódicos: “Se le somete a presión hidráulica y si está en condiciones, se rehabilita por un período de otros 10 años. Entonces, con la desregulación, yo no sé qué lío va a haber ahí, cómo se va a comportar la cuestión esta”, advirtió.
Misiones es la única provincia del país sin suministro de gas natural, por lo que la garrafa se convierte en un insumo esencial.
Tomaselli remarcó que ésta no se trata de un objeto común: “Es delicado el tema porque estamos hablando de un elemento que es inflamable. No es un pedazo de fierro”, expresó, por más que “desgraciadamente se la trata como una mercancía. Yo te compro, yo te vendo”, lamentó.
Según explicó, existió un intento regional para cambiar esa mirada. “Con mucho esfuerzo hicimos, a nivel del Nordeste, la propuesta de que sea un servicio público la garrafa. Pues bueno, no, es una mercancía”, recordó.
La preocupación no es solo teórica. En el territorio provincial ya se detectan prácticas irregulares en la comercialización: “Aparecen lugares donde se vende de manera irregular y se acumulan garrafas”, señaló y agregó que las normas vigentes se incumplen con frecuencia. “Hay una reglamentación que se respeta muy poco, que es un máximo de 10 garrafas en algún lugar, pero los muchachos ponen en cualquier lugar”.
También alertó sobre el peligro físico del gas contenido en los envases: “El gas, el propano, el butano de las garrafas, la garrafa de 10 kilos, tiene una particularidad: si hay una pérdida, no va para arriba, va para abajo, busca en lugares bajos”, describió.
Entonces, “no puede acumularse en cualquier parte, y menos en lugares como sótanos o cosas por el estilo”.
Sobre el nuevo escenario abierto con la desregulación, el funcionario provincial fue directo y puso el foco en la falta de controles técnicos: “La Secretaría de Comercio de la Provincia puede intervenir para ver si el peso está en condiciones, pero no se mete mucho en la cuestión de seguridad, porque hay que tener elementos como para saber si la garrafa está con la válvula en condiciones, si pasó por la revisión técnica correspondiente”.
Malestar nacional
En paralelo, a nivel nacional, la Cámara Federal Argentina de Fabricantes, Distribuidores e Industrializadores del Gas Licuado encendió señales de alerta. Su presidente, Darío Simonetti, advirtió públicamente sobre “la proliferación de distribuidores clandestinos” y advirtió que “cualquiera que ponga una camionetita está saliendo a repartir garrafas, lo que lleva a una terrible inseguridad pública”.
Simonetti afirmó que la crisis no solo impacta en la seguridad de los barrios. “Los usuarios no se van a beneficiar, no vamos a pagar más barata la garrafa”, sostuvo, pero en cambio alertó sobre el riesgo de acopios irregulares: “Se están juntando garrafas en lugares indebidos, cercanos a jardines y escuelas”.
El dirigente detalló que antes existía una cadena de comercialización controlada -productor, fraccionador, distribuidor-, pero hoy “cualquiera puede vender el gas”, incluso por debajo del costo del distribuidor habilitado.
Esto fomenta la competencia desleal y deja al borde del cierre a empresas familiares del sector. “Corren riesgo más de 3.500 puestos de trabajo”, señaló Simonetti.
CAFADIGAS ya realizó “más de 200 denuncias ante la Secretaría de Energía y distintos municipios”, además de presentar una acción judicial para declarar la inconstitucionalidad del decreto que habilita estos cambios.
En Misiones, Tomaselli coincidió con la gravedad del escenario. “Yo creo que la presencia del Estado es fundamental en esa cuestión, estamos hablando de seguridad”, remarcó. Finalmente dejó una advertencia abierta: “Hay que tener muchísimo cuidado y en ese sentido, si está desregulado, yo no sé en los depósitos cuántas garrafas van a poder guardar y cosas por el estilo”.
