En el Concejo Deliberante de Oberá se llevó a cabo ayer la vigésimaocuarta Audiencia Pública para tratar la solicitud de un incremento en la tarifa del boleto del transporte urbano de pasajeros.
La propuesta de las empresas concesionarias apunta a llevar el valor del pasaje a 6.300 pesos, un monto que, argumentan, “se hace indispensable para sostener el servicio ante el impacto de la creciente inflación”.
La convocatoria estuvo enmarcada en el Expediente 361/2025 elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal para evaluar la tarifa comercial del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros.
Allí, las exposiciones reflejaron un profundo desacuerdo entre la necesidad de recomposición de costos de las prestatarias y la preocupación de usuarios y defensores por la calidad del servicio y el impacto social del aumento.
Inflación y costos disparados
El primero en exponer fue Facundo Eduardo Zárate, representante de las empresas Tipoka SA y Next, quien fundamentó la urgencia de una readecuación tarifaria. Zárate señaló “que el sector está fuertemente afectado por un incremento de costos, con una inflación acumulada cercana al 30% en lo que va del año”.
En ese sentido, el representante empresarial enfatizó la responsabilidad del Estado: “Es el concedente quien debe asegurar que, a través de subsidios o de la actualización tarifaria, las empresas puedan sostener los servicios con una utilidad razonable prevista en los contratos”. Esta declaración pone en el centro de la discusión el rol del subsidio, especialmente tras la quita de los aportes nacionales que “agrava la situación financiera de las prestatarias”.
Análisis técnico municipal
La perspectiva técnica fue presentada por Fabián Pizzuti, del Área de Movilidad Urbana de la Municipalidad. Pizzuti explicó que la revisión tarifaria es una obligación normativa local y que el estudio municipal se realizó utilizando el “método polinómico nacional que contempla costos variables, fijos y de personal”.
Mencionó que los principales aumentos que impactan en la fórmula son los vinculados a salarios, combustible y el valor de las unidades de transporte.
El funcionario municipal introdujo un factor clave que afecta la sustentabilidad del sistema: el cambio en el Índice Pasajero-Kilómetro (IPK). Pizzuti atribuyó esta variación “a la situación económica y el aumento del uso de transporte privado mediante aplicaciones”, lo que disminuye la base de usuarios del sistema convencional.
Con todos estos datos procesados, se obtiene la Tarifa Operativa Media, el indicador que permitirá determinar la suficiencia de la tarifa vigente y los subsidios existentes.
En esa línea, destacó las contrapartidas del Municipio, como las “inversiones municipales en conectividad, renovación de refugios y el sostenimiento del transporte gratuito para adultos mayores”, asegurando que el trabajo coordinado permitió mantener el servicio sin interrupciones durante el año.
Calidad, escepticismo y monopolio
Por su parte, Carlos Bernhardt, Defensor del Pueblo de Oberá, introdujo una nota de fuerte crítica en la que manifestó una “preocupación por la escasa participación y el creciente escepticismo de los usuarios respecto a los resultados de la audiencia”.
En ese sentido, cuestionó el esquema actual, señalando que, pese a algunas mejoras en infraestructura, “el esquema implementado hace tres años no alcanzó los resultados esperados, con recortes de líneas, suspensión de frecuencias y unidades en mal estado”.
Su análisis económico y social lanzó una advertencia: las dificultades actuales, profundizadas por la quita de subsidios, la irrupción de aplicaciones de traslado y la baja actividad por el fin del ciclo escolar “podrían generar un círculo vicioso si se aprueba un aumento tan significativo”.
“Un aumento de tarifa podría generar una caída de usuarios y mayor encarecimiento del servicio”, alertó. En un llamado a una reforma profunda, Bernhardt propuso “revisar integralmente el sistema, fomentar la competencia real y evitar cualquier forma de monopolio”.
Mejoras en el servicio
Además de las empresas, del Ejecutivo y de la Defensoría, expusieron dos vecinos representantes de organizaciones y comisiones. Juan Enrique Morchio y Miguel Ángel Morales coincidieron en la urgencia de reclamar mejoras en la calidad del servicio. Específicamente, solicitaron contar con “unidades adecuadas para personas con discapacidad motriz y el cumplimiento de frecuencias y horarios en los distintos recorridos”, aspectos que, según afirmaron, no se estarían garantizando plenamente.
