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Caso Guirula: Para los abogados que alegaron ayer, no hubo apremios, vejaciones, ni omisión de tortura

Los defensores de Carlos Da Silva, Claudio Servián, Alberto Zidorak y Lucas Saravia Allosa, solicitaron la absolución o el mínimo de las penas que solicitó el fiscal Vladimir Glinka, entre siete y seis años. Para el próximo martes, último alegato y sentencia del Tribunal Penal 2.

15 noviembre, 2025

La duodécima audiencia de juicio oral y público ante el Tribunal Penal 2 a los seis policías acusados de tortura y muerte del albañil Carlos Raúl Guirula (33), durante la madrugada del sábado 19 de julio de 2014 en un albergue transitorio de la avenidas Andresito y Santa Catalina de Posadas, correspondió a cuatro alegatos de los cinco que restaban para que los jueces Augusto Gregorio Busse, Fernando Luis Verón y Miguel Mattos, emitan un veredicto.

Respecto a la definición del debate, el fallo se pospuso para el próximo martes 18 de noviembre una vez que finalice el alegato la defensa del suboficial Ricardo Rafael Escobar, acusado el jueves por el fiscal Vladimir Glinka como coautor de “tortura agravada seguida de muerte”. La misma calificación que determinó para la oficial de la comisaría Decimotercera, Lourdes Beatriz Tabárez y para los que la acusación solicitó prisión perpetua como única pena.

Roberto Skanata, en representación de Carlos Da Silva, el agente de la comisaría Decimotercera que participó de las maniobras para reducir a Guirula en el motel, esposarlo y llevarlo hasta la seccional en la caja de la camioneta patrulla, detalló su ahijado legal “no fue autor, ni responsable de la acusación del delito de omisión de tortura que señaló la Fiscalía (el jueves)”.

Relató que Da Silva participó de la detención y que “también fue quien le dijo y pidió a la oficial Tabárez que lo llevaran a Guirula a Sanidad Policial para que lo revisaran. Pero ella ordenó que fuera a la comisaría”.

“Da Silva no hizo caso omiso tampoco ante las agresiones que Escobar y Tabárez le propinaban al detenido”, agregó Skanata y reiteró que su defendido declaró en el debate “que estuvo atento y dispuesto al procedimiento bajo la orden de un superior (Tabárez)”.

Pidió la absolución total del acusado o, subsidiariamente, la atenuación de la pena al mínimo, tres años y que se tenga por cumplida por los años de prisión preventiva cumplidos por el policía. “La inmediata libertad, la pena ya está agotada”.

El abogado particular de Claudio Marcelo Servián, suboficial y chofer de la patrulla de la Decimotercera que intervino en el operativo hace once años y cuatro meses, destacó el cambio de acusación que realizó el fiscal Vladimir Glinka: “Actuó con honestidad en la reinterpretación de los hechos porque no se dan los presupuestos del delito de tortura. No hubo acuerdo previo para hacerlo, tampoco había finalidad para la tortura. Para ninguno de los acusados es la figura a aplicar por este hecho”.

Fausto Mauricio Vergara sostuvo además que “la policía no llegó de casualidad al motel, hubo un llamado por un episodio de violencia que protagonizaba Guirula con el conserje y los demás empleados. Pasó todo muy rápido, Servián recibió la orden de bajarlo del auto (Renault 19 blanco) pero se resistió y no está claro cuál fue el desempeño de Servián. Cuando Guirula fue esposado, Servián se apartó y salió del motel a buscar la camioneta. Se aparta de la escena y no se le puede achacar la agresión”.

Vergara instó al tribunal la nulidad de la imputación, la absolución o el mínimo de la pena por el delito de omisión de tortura que le reprocha la fiscalía. También consideró los cuatro años de prisión preventiva que atravesó su defendido como pena agotada.

“Hecho desbordante”

Planteo similar resumió el alegato del defensor del oficial subayudante del Comando Radioeléctrico, Carlos Alberto Zidorak. Mauricio Brítez calificó que la patrulla en la que transitaba su guardia el imputado acudió al llamado radial que realizó Tabárez. “Se trató de un hecho desbordante, Guirula estaba violento, golpea a la oficial y Zidorak llegó para esposarlo. Tabárez le pisa la cabeza en el piso y Zidorak, con buen tino, le quita el pie de encima de un manotazo y luego la empuja cuando siente a su espalda que ella lo estaba pateando. El objetivo de Zidorak fue esposar a Guirula”, insistió y reiteró que luego “Zidorak acompañó el procedimiento a la comisaría Decimotercera en la camioneta del Comando Radioeléctrico”, detrás de la patrulla en la que trasladaban al detenido.

“Zidorak logró apartar también a Escobar de las agresiones, no existió dolo de omisión de tortura. Su acción fue activa y también le dijo a Tabárez que lo llevaran a Guirula a Sanidad Policial para que lo revisaran”. Brítez pidió la absolución para Zidorak contra los seis años y seis meses de prisión efectiva que expresó la acusación de Glinka.

Respecto a la defensa del cuarto encartado que alegó ayer, correspondió a los abogados de Lucas Nahuel Saravia Allosa, Federico Tilli y Cristian Bareiro.

“Punto gris”

Respecto al ataque con gas pimienta de Saravia Allosa a Guirula cuando ya estaba esposado pero se resistía, presuntamente, a ser llevado a la comisaría. “Es un punto gris, nunca apareció el gas pimienta, no fue secuestrado, es inexistente como elemento probatorio”, enfatizó Tilli antes de pedir el beneficio de la duda para el suboficial Saravia Allosa, la prescripción de la pena por apremios y vejaciones. Bareiro agregó sobre esta acusación que “el gas pimienta tampoco encuadra en un hecho de vejación o apremio. Es un acto humillante la vejación para una persona, es forzarlo a un acto indecoroso o a obtener una declaración, por ejemplo”.

Bareiro resaltó que “si Saravia arrojó gas pimienta a Guirula fue para frenar al revoltoso, para frenarlo, no un apremio o vejación”.
El planteo final de los defensores apuntó a la absolución o la pena mínima (tres años) por subsidio, del delito de apremios y vejaciones.

Lo que se ve, se oye y sorprende

• La foto para “el face y el IG”: La undécima jornada, jueves, de debate en la sala de San Martín 1433 generó expectativa entre funcionarios judiciales y legislativos, por el inicio de los alegatos con la acusación del fiscal Vladimir Glinka. Sin embargo, algunos de los presentes con traje de sastre, zapatos con punta y brillo y recortes modernos de barbería, mostraron más premura para pedirle a los fotógrafos que cubren el juicio que les envíen, “o vemos cómo hacemos”, las imágenes donde resultaron presentes en esta instancia. Aparentemente, que “los vieran” en la transmisión del debate por YouTube no es suficiente.

• Tres horas, cinco recreos: Llamó la atención ayer que solo se desplegaran cuatro alegatos de los cinco defensores que restan. Entre las 9 y 10 completaron tres de los cuatro abogados su labor. El cuarto se extendió hasta pasadas las 11 y los jueces del Tribunal Penal 2 decidieron que el quinto alegato, de la acusada Lourdes Tabárez, se traslade al martes próximo y se emita veredicto posteriormente. Fuentes judiciales reflexionaron: “Sobraba tiempo para finalizar el juicio hoy (por ayer)”.

• Seguirán detenidos todos: Los seis abogados solicitaron ayer, nuevamente al tribunal, que se levantara la detención ordenada el miércoles a los policías acusados. Los jueces analizaron el pedido basado en que en libertad llegaron al debate, cumplieron durante once años cuatro de prisión preventiva, siempre estuvieron bajo arraigo, cumplieron con todas las citaciones y obligaciones y no representarían riesgo de fuga. El replanteo fue analizado y la respuesta fue directa: “No”.

Tags: #PosadasCaso GuirulaJuicio oralJusticiaPolicíastorturaTribunal Penal
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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