Una nueva directiva impulsada por el Gobierno de Donald Trump ha reavivado una de las herramientas más controvertidas de la política migratoria estadounidense: la figura de la “carga pública”. La medida apunta a declarar “inelegibles” para la mayoría de las visas, especialmente las de residencia permanente, a solicitantes cuyas condiciones médicas puedan, a futuro, suponer un costo para el erario público.
En el centro de la polémica se ha situado la obesidad, una condición que afecta a más de mil millones de personas en el mundo y que la directiva utiliza como ejemplo de riesgo.
Según la información, citada por la agencia EFE, el foco no está en la obesidad por sí misma, sino en su asociación con complicaciones crónicas como asma, apnea del sueño, hipertensión o diabetes. La instrucción para embajadas y consulados no establece un índice de masa corporal (IMC) límite, pero sí instruye a los funcionarios a evaluar si el estado de salud del solicitante podría requerir tratamientos continuos, medicación de por vida o intervenciones futuras.
Criterios discrecionales: el “ojo” del agente consular
El nudo más problemático de la normativa es la discrecionalidad. La medida autoriza a los funcionarios a “desarrollar sus propios criterios” para determinar los riesgos de futuras emergencias médicas o gastos estatales.
Esto ha generado preocupación entre expertos y abogados de inmigración, dado que la mayoría de los agentes consulares no cuentan con formación médica especializada para realizar semejantes evaluaciones pronósticas.
El filtro no se limita a la solicitud inicial en el consulado. La implementación de estos criterios discrecionales abre la puerta a escenarios de alta tensión en los puertos de entrada.
Aunque un pasajero arribe al aeropuerto con su documentación en regla, un oficial de migraciones podría, bajo esta nueva guía sanitaria, considerarlo un riesgo. Si el agente percibe que el viajero “no encuadra en la disposición”, tiene la potestad de derivarlo a una inspección secundaria.
Muchos viajeros frecuentes a Estados Unidos conocen la existencia del “cuartito” de Migraciones, la oficina de interrogatorios a la que son remitidos quienes despiertan dudas. Una evaluación discrecional negativa en esa instancia podría culminar en la deportación inmediata al país de origen.
El foco en la residencia y el “chequeo de por vida”
Si bien la medida genera alarma general, el abogado principal de Catholic Legal Immigration Network, Charles Wheeler, aclaró que su aplicación principal será sobre quienes tramitan visas de residencia permanente.
Durante la evaluación, los funcionarios consulares deberán basarse en los exámenes médicos oficiales, la historia clínica y, crucialmente, la capacidad económica del solicitante para costear sus propios tratamientos.
La guía es explícita: se debe evaluar si la persona puede cubrir los costos de su atención “durante toda su vida esperada” sin recurrir a servicios médicos públicos o asistencia financiera estatal.
De hecho, el formulario de ingreso incluye una pregunta clave: “¿Tiene el solicitante recursos suficientes para cubrir estos costos sin recurrir a asistencia pública en efectivo o institucionalización a largo plazo?”.
La directiva amplía también el escrutinio a la edad de los solicitantes y la salud de sus familiares directos (hijos o padres mayores), anticipando posibles necesidades futuras de asistencia social.
El regreso de la “carga pública”
Esta política no es un invento reciente. Se enmarca en la figura legal de la “carga pública” (public charge), que Donald Trump ya impulsó agresivamente durante su primera administración (2017-2021) para limitar la inmigración legal de personas consideradas de “alto costo” para el Estado.
Aunque muchas de estas disposiciones fueron revertidas por el gobierno de Joe Biden (2021-2025), la Casa Blanca las retoma ahora como eje de su política migratoria actual, endureciendo los filtros no solo económicos, sino también sanitarios, para ingresar a Estados Unidos.
Fuente: Agencia de Noticias NA
