Productores, cooperativas y asociaciones yerbateras de Misiones convocaron a un abrazo simbólico al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), previsto para mañana a las 9 de la mañana frente a la sede del organismo en Posadas. La iniciativa busca visibilizar la crisis que atraviesa el sector y reclamar la restitución plena de las facultades del instituto, debilitadas tras la sanción de la Ley Bases, así como la designación de un presidente que encabece su directorio.
La convocatoria, que surgió de distintas entidades y trabajadores independientes, apunta a poner en agenda una problemática que se agravó en los últimos meses: la falta de regulación de precios y de herramientas de control en un mercado altamente concentrado. “Queremos el INYM con todas sus facultades y el nombramiento del presidente”, expresó el productor Jorge Kripzuk, uno de los referentes de la organización.
Además, anticipó que durante la jornada habrá un homenaje a los productores fallecidos y a los tareferos, y se presentará una medida judicial ante la Justicia Federal en defensa del organismo.
Un instituto debilitado
El INYM fue creado en 2002 como un ente público no estatal con capacidad para fijar precios de la hoja verde y de la yerba mate canchada, además de promover investigación, fiscalización y promoción de la actividad. Sin embargo, la Ley Bases impulsada por el Gobierno nacional en 2024 eliminó esas facultades regulatorias, dejando al instituto sin poder para intervenir en el mercado.
A esta limitación se suma la acefalía actual: el Poder Ejecutivo no designó todavía a un presidente, lo que paraliza el funcionamiento pleno del directorio. La falta de conducción institucional dificulta la articulación de políticas de control y genera un vacío que, según los productores, favorece a los grandes molinos y deja en total vulnerabilidad a los pequeños y medianos.
La situación en las chacras
El reclamo se da en un contexto económico crítico para la actividad yerbatera, justo al cierre de la cosecha gruesa. Los organizadores señalaron que la cadena de pagos atraviesa serias dificultades: plazos extendidos, pagos diferidos y cheques rechazados son moneda corriente. “Estamos peor que en 2024: hay cheques a largo plazo, pagos diferidos, rechazos y reemisión de cheques que en algunos casos tienen hasta un año para la plaza de cobro. Es insostenible”, denunciaron.
La precariedad quedó en evidencia con ejemplos concretos. “El otro día compartieron una foto de un secadero de la zona centro que entregó un cheque con un año de plazo. La situación de los productores va de mal en peor”, agregó Scripczuk.
Según el productor de Andresito, Jonás Peterson, el libre mercado no ofreció soluciones al sector. “Ya está más que claro que el libre mercado no funciona. Antes, con el Instituto, teníamos un precio base hacia arriba; ahora, la oferta y la demanda presionan para que bajen más y terminamos siendo los financiadores de los grandes molinos”, advirtió.
Los cálculos del sector estiman que el precio oficial de $411 por kilo de hoja verde no tiene validez práctica, mientras que el valor real debería rondar los $550 para cubrir los costos básicos de producción.
Sin embargo, están cobrando entre $180 y $240 por kilo. El aumento de combustibles, insumos y maquinaria encareció la actividad: un tractor nuevo cuesta no menos de 50 millones de pesos, y muchos productores apenas logran sostener el mantenimiento de sus herramientas.
Escenarios y perspectivas
El abrazo simbólico será acompañado también por intendentes y organizaciones sociales de distintas localidades, y se plantea como una primera medida de visibilización. Los organizadores convocaron a quienes no puedan viajar a Posadas a realizar encuentros en sus municipios para expresar apoyo.
En paralelo, abogados vinculados al sector ultiman la presentación de un escrito judicial para solicitar la restitución de las facultades del INYM y la normalización institucional. De no haber respuesta por parte del Gobierno nacional, se prevé que las medidas de protesta puedan intensificarse en las próximas semanas.
La yerba mate es una de las principales economías regionales del país y emplea de manera directa e indirecta a más de 50.000 familias en Misiones y Corrientes. La pérdida de regulación estatal amenaza con profundizar la concentración del mercado y reducir la rentabilidad de miles de productores, en un escenario que suma incertidumbre a la compleja situación económica.
