El Ministerio de Economía dispuso este jueves un recorte de créditos presupuestarios por casi $500.000 millones a parte de una modificación publicada en el Boletín Oficial. La misma prevé un ajuste en las partidas de Educación por $120.000 millones.
Se trata de la decisión administrativa 23/25 a través de la cual se incrementa el cálculo de recursos en $261.613 millones y a la vez realiza un reducción de $493.531 millones. De ello surge un resultado financiero positivo de $754.744 millones.
Fuentes del Palacio de Hacienda informaron a Ámbito que se trata de “reasignaciones de partidas con una baja en el gasto primario consistente con nuestra política fiscal”.
La operación, que contempla la reducción de becas para estudiantes, infraestructura y para desarrollo de la educación superior, se conoce luego de que el presidente Javier Milei vetara una ley que establece un incremento de gasto para las universidades.
Tras la operación, el superávit presupuestario pasó de $5,9 billones a $6,6 billones, que equivale al 5% de los recursos totales estimados, señala en un informe la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP).
De acuerdo con el reporte, con esta operación el Gobierno incrementó el gasto en 76 programas por un total de $459.673 millones, y redujo recursos en 111 programas por un total de $953.024 millones.
Es de recordar que el Poder Ejecutivo se está manejando con el presupuesto del 2023 prorrogado en 2024 y nuevamente prorrogado en 2025. Actualmente presenta un gasto presupuestado por casi $126 billones y recursos por $131,8 billones.
Mientras que el nivel de ejecución del gasto es del 62% al 9 de septiembre, los ingresos están al 71% de lo previsto para todo el ejercicio. De allí que no se descarta que hacia fin de año se tengan que actualizar las partidas.
Dónde se hizo el ajuste
Según ASAP, los Gastos Corrientes disminuyen en $270.854 millones y los Gastos de Capital en $222.677 millones, que se discriminan de la siguiente manera:
– Gastos Corrientes: las transferencias disminuyen $327.563 millones y el Gasto en Personal en $67.523 millones, mientras que los Servicios No Personales aumentan en $56.236 millones, los Bienes de Consumo en $46.487 millones y los Servicios de la Deuda en $21.509 millones.
– Gastos de Capital: las Transferencias disminuyen en $305.193 millones mientras que los Bienes de Uso aumentan en $57.072 millones, los Servicios No Personales en $17.345 millones, los Bienes de Consumo en $7.464 millones e Incremento de Activos Financieros en $635 millones.
Ministerios más afectados
El informe de ASAP señaló que los recortes presupuestarios más significativos alcanzaron a los ministerios de Capital Humano y de Economía, con reducciones que superan los $360.000 millones en conjunto.
• Capital Humano
– La cartera a cargo de las políticas sociales sufrió una poda de $207.540 millones.
– La Secretaría de Educación resignó $120.033 millones, con fuerte impacto en programas clave: Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes (-$44.270 millones), Desarrollo de la Educación Superior (-$40.000 millones) e Infraestructura y Equipamiento (-$12.451 millones), entre otros.
– La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia recortó $67.910 millones, principalmente en Acciones de Inclusión Social (-$55.316 millones) y Abordaje Territorial (-$3.911 millones).
– También se ajustaron partidas en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (-$19.480 millones), la Biblioteca Nacional (-$234 millones) y la Administración Central (-$120 millones).
• Economía
– El presupuesto de la cartera que conduce Luis Caputo se redujo en $154.456 millones.
– La mayor poda se dio en Infraestructura Económica y Social (-$224.133 millones).
– La Administración Central resignó $112.801 millones, en particular en el programa Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos, con caídas de $93.280 millones en transferencias a empresas privadas y de casi $20.000 millones en giros a provincias para gastos corrientes y de capital.
No obstante, algunos organismos de la órbita de Economía recibieron mayores recursos:
– La Dirección Nacional de Vialidad obtuvo $191.003 millones adicionales, destinados a obras de autopistas, mantenimiento de rutas y repavimentación.
– El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) sumó $8.246 millones.
En paralelo, se aplicaron recortes en la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo por $17.381 millones, entre otros ajustes.
Presupuesto 2026
El presidente Milei tiene previsto presentar el próximo lunes los lineamientos del Presupuesto 2026. En julio, el Gobierno envió al Congreso un anticipo de los números que piensa ejecutar el año que viene, teniendo en cuenta que la meta acordada con el FMI es de un superávit equivalente al 1,6% del PBI.
A través del “Informe de avance al honorable Congreso de la nación” sobre el Presupuesto General de la Administración Nacional, el Poder Ejecutivo estimó que la inflación será del 22,7% en 2025 y que el tipo de cambio nominal aumentará 20,4% anual, “resultando en una disminución promedio del Tipo de Cambio Real bilateral con el dólar de -8,6% en el año”. Ese será el punto de partida para las estimaciones del año próximo. Sin embargo, con una elección por delante (octubre), todo está por verse.
Escenario
La Secretaría de Educación verá disminuidos recursos en tres frentes clave: becas estudiantiles, desarrollo de la educación superior e infraestructura. Esto podría implicar:
• Menor acceso a la educación para sectores vulnerables, especialmente jóvenes de nivel terciario y universitario.
• Dificultades para sostener programas de inclusión y permanencia, como las becas Progresar.
• Frenos en obras y mantenimiento en escuelas y universidades, justo cuando muchas instituciones reclaman mejoras edilicias urgentes.
Pero la tijera no se detuvo allí. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia también sufre un recorte importante, con una reducción de más de $67.000 millones, afectando directamente programas de inclusión y abordaje territorial. La imagen que empieza a dibujarse es clara: menos Estado presente en las zonas donde más se necesita.
Reordenamiento con
prioridades
Desde el Palacio de Hacienda hablan de “reasignaciones consistentes con la política fiscal”, y es cierto que algunos programas sí recibieron mayores fondos.
• La Dirección Nacional de Vialidad, por ejemplo, sumó más de $190.000 millones para obras.
• También Senasa recibió una inyección presupuestaria.
En el fondo, no se trata solo de gastar menos, sino de decidir en qué se gasta. Y esas decisiones tienen consecuencias sociales y políticas de largo alcance.
Cabe recordar que el Ejecutivo sigue manejándose con el presupuesto 2023, prorrogado primero en 2024 y ahora en 2025. Sin una ley aprobada por el Congreso, la administración Milei tiene margen para modificar partidas por vía administrativa, lo que genera una fuerte concentración del manejo de fondos en el Poder Ejecutivo.
Con una ejecución del gasto del 62% al 9 de septiembre y una recaudación en el 71%, el Gobierno aún tiene margen para seguir ajustando o ampliando partidas, según la evolución de las cuentas fiscales. Pero si la inflación se acelera o los ingresos se estancan, es probable que nuevas decisiones como esta lleguen antes de diciembre.El escenario que se proyecta combina austeridad fiscal con alto impacto social.
El riesgo, como señalan economistas y analistas, es que la sostenibilidad del superávit se logre a costa de desmantelar políticas públicas esenciales. Y que en la búsqueda de orden macroeconómico, se socaven las bases del desarrollo humano. El reordenamiento fiscal sigue su curso. Lo que está en juego es cómo se distribuirán los costos y quiénes los asumirán.
