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Ordenan investigar a cuatro posadeños con tuberculosis que se niegan al tratamiento sanitario

El Ministerio de Salud Pública realizó la denuncia penal porque los involucrados ya contagiaron a su entorno directo y deben ser internados de manera urgente por el rechazo a tomar los medicamentos, entre otros puntos.

24 agosto, 2025
CENTRO ESPECIALIZADO. El Hospital Pedro Baliña sobre la avenida Quaranta es el lugar en el que los pacientes con tuberculosis son asistidos por Salud Pública.

CENTRO ESPECIALIZADO. El Hospital Pedro Baliña sobre la avenida Quaranta es el lugar en el que los pacientes con tuberculosis son asistidos por Salud Pública.

Cuatro pacientes incluidos en Programa Provincial de Tuberculosis del Ministerio de Salud Pública fueron denunciados penalmente porque se encuentran en la fase activa de la enfermedad y se niegan al tratamiento respectivo, pero para mayor alarma entre los profesionales sanitaristas, ya contagiaron a sus respectivos núcleos familiares y allegados.

De acuerdo a las fuentes contactadas de forma exclusiva por PRIMERA EDICIÓN, se trata de cuatro posadeños que residen en distintos puntos de esta capital y la primera respuesta judicial ayer correspondió al Juzgado de Instrucción 6, luego de que el fiscal René Germán Casals recibiera los primeros informes de situación, analizara la gravedad de lo que sucede y solicitara al juez instructor, Ricardo Walter Balor, la inmediata detención e internación de dos mujeres (21 y 22 años) y dos varones (35 y 34).

La premura de la medida surge porque los cuatro rechazan el tratamiento y el estado de la enfermedad es activo, por lo que se exigió -además de las internaciones de los cuatro apuntados en el hospital Pedro Baliña, donde el programa de TBC posee y dispone de los recursos para asistirlos- analizar el estado de los demás contagiados.

Según el paso de los días y dependiendo de la evolución, los cuatro involucrados serán citados y llevados a declarar en indagatoria ante la presunta violación al artículo 202 del Código Penal Argentino que prevé hasta quince años de prisión efectiva para quien propague intencionalmente una enfermedad de este tipo y otros.

El miércoles 20 de agosto, el letrado Cristian Daniel Cabrera, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud Pública provincial se presentó ante la Justicia para solicitar las medidas preventivas urgentes.

La presentación oficial la realizó a su vez, a instancias de la directora del Programa Provincial de Tuberculosis, Elba Mariana Rolón Zandegiacomo, quien le informó sobre la “necesidad estricta de adherir al tratamiento” por parte de los cuatro pacientes “que se niegan a hacerlo”.

“La negativa generó la transmisión efectiva de la enfermedad entre sus familiares, configurando un riesgo mayor a la salud de terceros”, incluyendo en la premura de acción a que entre los vulnerables “también hay menores de edad” que están a cargo de las personas señaladas.

Cabrera en su denuncia sostiene que a los cuatro pacientes “se los citó en múltiples ocasiones y no concurrieron a los turnos (en el hospital Baliña)”. “Se intentó que reviertan la postura por vías administrativas y asistenciales, red de centro de atención primaria de la salud, como también se ofreció acompañamiento y seguimiento. Todo sin respuestas positivas de los mismos”.

“Insisten en la actitud rebelde y negativa”, enfatizó el funcionario público de Asuntos Jurídicos.

El informe de Rolón Zandegiacomo confirma que “se trata de cuatro pacientes diagnosticados con tuberculosis activa, quienes, a pesar de haber sido debidamente informados respecto a su enfermedad y la necesidad estricta de cumplimiento del tratamiento, según protocolo, se rehúsan sistemáticamente a cumplir con el mismo”.

“Esta conducta derivó en la transmisión efectiva de la enfermedad a varios miembros de sus respectivas familias, configurando un riesgo sanitario de gran magnitud con menores de por medio. Se los citó múltiples veces y no concurrieron”.

El viernes, el fiscal René Casals, requirió que se abra la investigación ante “la supuesta comisión de un hecho ilícito”.

Se busca saber las “circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían sucedido los hechos” y si encuadran efectivamente en el artículo 202 del CPA.

Casals también solicitó la intervención “urgente” de un defensor de menores para el caso de los niños y adolescentes en riesgo en cada domicilio”. Respecto a los puntos de la ciudad en que se registraron los pacientes rebeldes que rechazan el tratamiento, este Diario solo indicará que se trata de dos barrios de la zona sur, uno norte y el restante en el oeste de Posadas.

Se pidió desde la Justicia de Instrucción, un amplio informe socioambiental en los domicilios respectivos, como también se acerquen al expediente las historias clínicas de los cuatro pacientes.

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Tags: Denuncia Penalministerio de salud públicaprisión efectivaPrograma Provincial de Tuberculosis
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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