La 104ª Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad, que se realizó entre el último martes y miércoles en San Juan, reunió a autoridades nacionales, provinciales y organizaciones civiles para debatir sobre discapacidad y políticas públicas, apuntando a que esta temática forme parte de la agenda de gobierno.
El organismo sesiona dos veces por año y divide la representación en cinco secciones para garantizar una participación federal: NEA, NOA, Centro, Nuevo Cuyo y Patagonia. Actualmente representan a Misiones Paula Pisak (referente de la Fundación Reko Ha ) y la directora del Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS) Tatiana Antúnez.
Pisak, misionera perteneciente a la comunidad sorda y recientemente designada vicepresidenta del Consejo, dialogó con PRIMERA EDICIÓN sobre la reunión, que se desarrolló en un contexto crítico para las personas con discapacidad, marcado por las irregularidades en las auditorías a las pensiones no contributivas y un creciente abandono estatal de este sector.
Reunión en San Juan
Pisak precisó que fue elegida en febrero para representar a las organizaciones de Misiones y en mayo asumió la vicepresidencia del Consejo. “Este año nos toca la representación de la región junto a Formosa. En la primera asamblea fui elegida como vicepresidenta y desde entonces en realidad estoy presidiendo el Consejo, pues quien debería hacerlo es el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, pero hace un año que no se presenta”, contó.
En concreto, los referentes de la discapacidad delinearon un documento de recomendaciones para ANDIS, en el que plasmaron varios pedidos urgentes del sector. En primera instancia, solicitaron “una suspensión de las auditorías hasta tanto no se brinden las condiciones básicas, dignas y necesarias para llevarlas a cabo”, aseguró Pisak.
“Nosotros dejamos claro que no estamos en contra de buscar transparencia o que se auditen las pensiones no contributivas (PNC), lo que pedimos es claridad, lugares aptos para recibir a las personas, tiempo prudencial si se precisan estudios actualizados, pues bien sabemos que el sistema de salud pública se encuentra saturado y realizarlos en el sector privado conlleva un gasto excesivo que las personas no pueden afrontar”, completó.
Sobre el trabajo operativo de las auditorías, sugirieron que las fechas y locaciones de las próximas citas se articulen con organizaciones gubernamentales, a fin de considerar la accesibilidad, operativizar la atención y realizar una comunicación efectiva y con antelación, evitando inasistencias que derivan en suspensiones.
El documento también hace foco en el trabajo formal. “Solicitamos un compromiso real y urgente con la compatibilidad de las pensiones no contributivas y el empleo registrado. Es una locura creer que alguien puede subsistir con un ingreso de 220 mil pesos y un bono de 70 mil”, definió la vicepresidenta, y recordó que Argentina adscribe a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho a la inclusión laboral “sin que ello implique perder apoyos o prestaciones necesarias para la vida independiente”, dijo.
Otro punto importante fue el pago retroactivo por suspensiones de pensiones erróneas. “Muchas de esas bajas se ocasionaron porque las citaciones no llegaron a los beneficiarios, nunca supieron siquiera que tenían fecha de auditoría y esto configura un error injusto, que implica burocracia y malestar en las personas damnificadas”, aseguró Pisak.
Además, solicitaron claridad, imparcialidad y precisión en los comunicados sobre las pensiones y sus respectivas suspensiones y canales efectivos de información entre ANDIS y las provincias, debido a que los medios que publican desde la agencia no ofrecen soluciones: por la alta demanda, están saturados y rechazan los mensajes (vía correo electrónico y chatbot). Sobre este último punto, Pisak indicó que las autoridades nacionales “hasta el momento se han negado” a tratar el tema.
“Es una situación crítica e histórica”
Misiones no escapa del crítico contexto a nivel nacional que atraviesa el colectivo de discapacidad. “La situación es crítica e histórica, nunca antes se habían unido tantos organismos en defensa de nuestros derechos. Hoy prestadores, familias y personas con discapacidad reclaman al unísono”, señaló Pisak. “Un prestador sin cobrar las terapias es un profesional que deja de atender, lo que afecta a uno afecta a todos”, agregó.
En cuanto a las auditorías, explicó que al día de la fecha muchos pensionados todavía no obtuvieron información acerca de la fecha y lugar de sus citas. Y ejemplificó las irregularidades con el trabajo de la empresa Urbano, encargada de entregar las notificaciones.
“Lejos de llegar a cada domicilio y bajo la excusa de falta de datos correctos, dejó en sus oficinas las cartas documento. En Jardín América, sin hacer un comunicado oficial, salvo algunos estados en Whatsapp el día anterior, las entregó a quien tuvo la suerte de saberlo”, relató.
Esta semana también se presentó una nota dirigida al gobernador de Misiones Hugo Passalacqua, firmada por distintas organizaciones sociales del sector. Pisak actuó como intermediaria de la misiva.
“Es un pedido formal para que instruya a nuestros legisladores el apoyo a la Ley de Emergencia en Discapacidad. También solicité una audiencia para que pueda escuchar en primera persona cuáles son las problemáticas que urge resolver”, explicó Pisak.
A su vez, diferenció el accionar provincial y municipal respecto al de la Nación, ya que su articulación con las organizaciones locales permitió, hasta el momento, que el escenario no empeore.
“Si no fuera por las ONG y el COPRODIS, en la provincia la suma de suspensiones sería mucho mayor, porque hoy incluso desde los municipios están intentando colaborar para que se cumplan los procesos a través de la guía, información, digitalización y carga de documentación”, indicó.
En ese sentido, marcó su sentimiento de impotencia ante la cantidad de personas con discapacidad que se acercan a pedir información o ayuda por una pensión suspendida de forma irregular.
“Cada día llegan a mí personas e historias dolorosas, gente que no tiene acceso a internet o redes y tiene que cumplimentar los trámites. Personas con discapacidad visual a las que le han dado la suspensión y me preguntan ‘¿por qué si yo no estoy mintiendo?’, otros desesperados porque los estudios de alta complejidad son costosos y si quieren cumplir con el tiempo propuesto deben pagarlos. Además, todo trámite incluye viajar y eso tampoco está funcionando, ni siquiera teniendo CUD hoy accedemos a la gratuidad del transporte”, sintetizó.
Veto y “desinterés sin precedentes” de la Nación
Pisak señaló que el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada en el Congreso “deja en claro las prioridades del Gobierno, han dicho que somos un gasto, que se busca desestabilizar, pero la realidad es que sin esa ley la situación se hace insostenible”.
En esa línea, recordó que si persiste el escenario actual “muchos prestadores se quedarán sin trabajo, se cerrarán centros de día y detrás de cada profesional también hay familias”.
“Para mi colectivo implica el abandono total y un retroceso en la constante búsqueda de una vida autónoma y digna. Sin terapias, centros y transportes volvemos al modelo en donde las personas con discapacidad vivían recluidas en el hogar sin acompañamiento integral”, aseguró Pisak.
Además, definió la actitud de la Nación en términos de “un desinterés sin precedentes” por el colectivo de discapacidad y afirmó que “han utilizado un mismo discurso de odio en todos los medios para desprestigiar el uso de las PNC”, asegurando que “buscan sembrar un malestar social, un enfrentamiento entre los ciudadanos”.
“La gente cree que con las bajas las pensiones se otorgarán a quienes ‘supuestamente’ corresponde, pero la realidad es otra. Nadie está exento de convertirse en una persona con discapacidad. Yo era sana y en segundos mi vida cambió” recordó.
“Hoy hablamos de un ajuste, de pensiones y montos que no cubren siquiera la canasta básica, por ese motivo hay que entender que las pensiones no enriquecen a nadie, apenas son una ayuda para no caer en la pobreza extrema#, planteó Pisak.
“Para muchos contar con pañales, leches especiales o medicamentos es tener dignidad y hoy con las suspensiones hasta eso les hemos robado”, cerró.
Convertirse en vicepresidenta
Consultada sobre su recorrido como vicepresidenta del COFEDIS en un contexto que definió adverso. Además, Paula confesó que el primer desafío tuvo que ver “con lo personal, con mi condición de persona sorda” que implicó la búsqueda de herramientas que le garanticen la accesibilidad del entorno. “Cuando asumí, mi primer requerimiento fue contar con un programa que subtitulé de manera automática los diálogos”, contó. Y señaló que “seguir el ritmo no es nada sencillo, implica mucha concentración y en ocasiones es agotador, son muchas horas de debate y lectura de informes”. Sin embargo, valoró la experiencia de liderar, moderar y aprender de manera colectiva en cada instancia. “Es algo invaluable y en ambas asambleas fui encontrando estrategias para poder superarme y sentirme cómoda”, destacó. La oportunidad de alcanzar el puesto llegó porque es de carácter rotativo (para garantizar representación federal) y este año le corresponde a la región NEA, entre Misiones y Formosa. “Esta experiencia me gustaría que sirva de ejemplo para que más compañeros y compañeras con discapacidad se acerquen, sean parte, se animen a participar porque nadie mejor que nosotros para discutir lo que en carne propia vivimos a diario”, aseguró Pisak.
