La disputa judicial por la expropiación de YPF, que lleva una década en el tribunal de la jueza Loretta Preska, podría tener un nuevo capítulo decisivo este martes. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolverá si concede o no la suspensión (stay) de la orden que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones que posee en la petrolera.
Preska condenó en primera instancia a la Argentina a pagar USD 16.000 millones por la expropiación realizada en 2012, cifra que, con intereses, asciende ya a USD 18.000 millones. El fallo fue apelado y tendrá audiencia recién a fines de octubre, después de las elecciones legislativas, pero en paralelo Burford Capital —principal beneficiario del caso— busca avanzar con la transferencia accionaria.
El Estado argentino pidió suspender la entrega de acciones hasta que se defina la apelación, sin ofrecer garantías, mientras que Burford exige que la medida se ejecute de inmediato. La Corte podría optar por tres caminos: no conceder la suspensión, otorgarla con garantías alternativas o aceptarla sin condiciones. Si se elige alguna de las dos primeras opciones, la Argentina planea acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque especialistas advierten que el tribunal raramente interviene en este tipo de cuestiones administrativas.
Si el fallo resulta adverso y el país no cumple, podría ser declarado en desacato, lo que abriría la puerta a sanciones financieras y otras medidas, como trabas para emitir deuda o complicaciones en inversiones. En 2014, un caso similar derivó en un pedido de multa diaria de USD 50.000.
En el Gobierno aseguran que mantendrán la defensa hasta la última instancia y evitan dar detalles sobre la estrategia, tras recientes denuncias por filtraciones de información en la Procuración del Tesoro. Burford, por su parte, contrató a Gerardo “Gerry” Mato para intentar acercar posiciones con funcionarios, aunque sin resultados concretos hasta el momento.
Con USD 18.000 millones en juego, el martes podría marcar un punto de inflexión en el litigio más costoso de la historia argentina en tribunales estadounidenses.
